Esta semana he publicado una
entrada en mi blog con el título “Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016.
Querer, pero no poder”.
En la misma hacía referencia a la
insuficiencia de recursos en el Proyecto de Presupuestos de CLM para 2016 para poder
recuperar unos servicios públicos básicos con los niveles de calidad previos a
la crisis y a los recortes sociales. Finalizaba la misma señalando que sería
posible modificar los impuestos sobre los que tiene competencia la Junta de
Castilla-La Mancha para lograr mayores ingresos públicos y así mejorar la
dotación presupuestaria de aquéllas políticas sociales que se encuentren
infradotadas.
Para determinar la filiación
ideológica de un gobierno, además de fijarnos en las políticas de gasto, hemos
de prestar atención a la manera en que recauda impuestos, directos o
indirectos, con mayor o menor progresividad, las exenciones y bonificaciones
que establece, etc. Por eso, en los párrafos que siguen voy a señalar, sin
ánimo exhaustivo, algunos elementos de la política impositiva del actual
gobierno de CLM que desde mi punto de vista serían susceptibles de reforma en
aras de una mayor justicia fiscal.
Lo primero de todo es señalar, que
según el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que se está
tramitando a la par que el de Presupuestos, se van a suprimir una serie de
tasas establecidas en su día por el Gobierno del PP de CLM en materia de
Bienestar Social. Dichas tasas recaían sobre asociaciones y personas de baja
capacidad económica cuando las mismas solicitaban la prestación de determinados
servicios sociales básicos tales como la revisión del grado de discapacidad y
dependencia, inscripción de entidades de servicios sociales, acreditación y
registro de entidades de voluntariado, informe de vivienda adecuada y arraigo
para la obtención de residencia por reagrupamiento familiar de inmigrantes,
etc. Eran tasas profundamente injustas, y procede ahora reconocer lo acertado
de su supresión por el actual Gobierno de CLM.
Pero por otro lado, el Gobierno
de CLM ha tenido la oportunidad de aprobar en las Cortes, y no lo ha hecho, la
modificación de los dos principales impuestos directos sobre los que tiene
competencias, con el fin de hacerlos más progresivos, de manera que las
familias con mayores rentas y patrimonios aumenten su contribución a las arcas
públicas. Me refiero al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
y al Impuesto del Patrimonio (IP).
En septiembre de 2014, el
Gobierno del PP en CLM rebajó un punto el tipo de gravamen a todos los
contribuyentes del tramo autonómico del IRPF. Dicha medida afectó a todos/as
los ciudadanos/as por igual, sin distinguir su capacidad económica, a la vez
que no benefició a las familias que no presentan declaración del IRPF por tener
unas rentas del trabajo inferiores al mínimo exento de 22.000 euros/año (pensionistas,
desempleados/as, trabajadores/as precarios/as). Por ello, fue regresiva, es
decir, contribuyó a aumentar desigualdades, a la vez que en un momento donde
existían tantas necesidades básicas sin cubrir, los 50 millones de euros de
pérdida de recaudación que supuso, imposibilitó apuntalar políticas públicas de
solidaridad (educación, sanidad, servicios sociales) que en los años previos
habían quedado maltrechas y desarboladas.
El Proyecto de Ley de
Presupuestos de CLM para 2016, así como el Proyecto de Ley de Medidas
Administrativas y Tributarias para 2016, mantienen sin rectificar (renunciando
así a mayor recaudación), la reforma del IRPF que en 2014 aprobó el Gobierno
del PP en CLM, así como la escala de tributación del Impuesto de Patrimonio
fijada con carácter supletorio por el Estado. Esta escala ha sido aumentada en
los últimos años por determinadas comunidades autónomas como Andalucía (20%),
Extremadura (50%), Cataluña (10%) y Asturias (20%). Si CLM procediera de igual manera,
aumentando la escala de tributación en un 20%, la recaudación por el Impuesto
de Patrimonio subiría en 3,6 millones de euros al año. Quizás pueda parecer una
cantidad modesta, pero tiene un importante trasfondo simbólico en la medida que
su recaudación procede exclusivamente de una mínima parte de los contribuyentes
que poseen muy elevados patrimonios.
Un apartado del Proyecto de Ley
de Presupuestos hace referencia a los beneficios fiscales como la magnitud de
los recursos dejados de recaudar debido a la existencia de determinados
incentivos fiscales legalmente establecidos (exenciones, reducciones,
bonificaciones, moratorias, regularizaciones). En el caso de CLM, los
beneficios fiscales para 2016 ascienden a 398 millones de euros, es decir,
alrededor de un 5% del presupuesto total. Veamos el desglose de los mismos.
Los beneficios fiscales en el
IRPF ascienden a 10 millones de euros, como consecuencia de las deducciones
autonómicas de la cuota íntegra por conceptos tales como nacimiento o adopción
de hijos/as, discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes, contribuyentes
mayores de 75 años, cantidades donadas a la cooperación internacional, la lucha
contra la pobreza y apoyo a la discapacidad, familia numerosa, gastos en libros
de texto y enseñanzas de idiomas, etc. Sin perjuicio de que algunas de estas
deducciones podrían ser cuestionadas por sus implicaciones sobre la equidad
social, no voy a profundizar ahora en ellas.
Donde sí merece la pena prestar
atención es a la importantísima pérdida de recaudación que se produce (311
millones de euros) por los beneficios fiscales ligados al Impuesto de
Sucesiones (214 millones) y Donaciones (87 millones). En este impuesto, igual
que en el resto de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas (50% del
IRPF, 100% del IP) se abre una competencia fiscal entre regiones para ver cuál
de ellas establece los impuestos más bajos con el fin de atraer la residencia
de personas y empresas que buscan contribuir lo menos posible a las arcas
públicas. La Comunidad de Madrid, que en los años 2006 y 2007 bonificó entre el
99 y el 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dio el pistoletazo de
salida de esta carrera para reducir la recaudación impositiva y
consecuentemente, hipotecar las políticas sociales. Desde entonces, el resto de
Comunidades Autónomas, ha seguido sus pasos.
El Proyecto de Ley de
Presupuestos de CLM para 2016 establece en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
en adquisiciones mortis causa
(Sucesiones), unos beneficios fiscales (reducción de la recaudación) de 214
millones de euros, con motivo de bonificaciones en la cuota tributaria del
impuesto que van del 100% cuando la base liquidable es inferior a 175.000 euros
al 80% cuando la base liquidable es superior a 300.000 euros. Para las adquisiciones
inter vivos (Donaciones), los beneficios
fiscales ascienden a 87 millones de euros, con motivo de bonificaciones en la
cuota tributaria del impuesto que van del 95% si la base liquidable es inferior
a 120.000 euros al 85% cuando la base liquidable supera los 240.000 euros.
En un reciente debate en las
Cortes CLM, el actual Consejero de Hacienda afirmó: “Antes, todas las herencias
pagaban impuesto, con las mismas exenciones para grandes y pequeñas. A partir
de ahora, sólo pagarán el 2% de las herencias, las más grandes”. Desde mi punto
de vista, este planteamiento intenta justificar una pérdida de recaudación
injustificable en los actuales momentos de insuficiencia de ingresos para las
políticas sociales en CLM. En este sentido, lo justo sería que todas las
herencias paguen el impuesto que les corresponda, progresivo en función del
valor de la misma, estableciendo incluso supuestos de bonificación especiales
en los casos en que las personas que las reciben se encuentren en una situación
económica y social de precariedad o sean discapacitadas, PERO NUNCA QUE SE HAGA
UNA BONIFICACIÓN CASI GENERALIZADA, que exime del pago de impuestos a
contribuyentes que han obtenido un aumento de patrimonio a título lucrativo, es
decir, sin contrapartida, rompiendo así con principios tributarios básicos como
son los de capacidad económica y progresividad.
Por su mayor complejidad, así
como por su menor importancia en cuanto al total de los beneficios fiscales en
2016, no abordaré aquí los que tienen que ver con el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (76 millones) y el Impuesto de
Hidrocarburos (11 millones).
En todo caso, con las posibles modificaciones
señaladas más arriba, en 2016 los ingresos tributarios en Castilla-La Mancha
podrían haber aumentado en unos 365 millones de euros, el equivalente al 4,3% del
total de ingresos.
Dichos 365 millones de euros de
ingresos adicionales vendrían por un lado de mayores tipos de gravamen en IRPF
(50 millones) e Impuesto de Patrimonio (3,6 millones) y de la eliminación de
beneficios fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (311 millones). Seguro
que algunas partidas de gasto social infradotadas lo agradecerían.
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