jueves, 25 de febrero de 2016

IMPUESTOS MÁS JUSTOS EN CASTILLA-LA MANCHA: MEJORES POLÍTICAS SOCIALES

 
Esta semana he publicado una entrada en mi blog con el título “Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016. Querer, pero no poder”.
En la misma hacía referencia a la insuficiencia de recursos en el Proyecto de Presupuestos de CLM para 2016 para poder recuperar unos servicios públicos básicos con los niveles de calidad previos a la crisis y a los recortes sociales. Finalizaba la misma señalando que sería posible modificar los impuestos sobre los que tiene competencia la Junta de Castilla-La Mancha para lograr mayores ingresos públicos y así mejorar la dotación presupuestaria de aquéllas políticas sociales que se encuentren infradotadas.
Para determinar la filiación ideológica de un gobierno, además de fijarnos en las políticas de gasto, hemos de prestar atención a la manera en que recauda impuestos, directos o indirectos, con mayor o menor progresividad, las exenciones y bonificaciones que establece, etc. Por eso, en los párrafos que siguen voy a señalar, sin ánimo exhaustivo, algunos elementos de la política impositiva del actual gobierno de CLM que desde mi punto de vista serían susceptibles de reforma en aras de una mayor justicia fiscal.
Lo primero de todo es señalar, que según el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que se está tramitando a la par que el de Presupuestos, se van a suprimir una serie de tasas establecidas en su día por el Gobierno del PP de CLM en materia de Bienestar Social. Dichas tasas recaían sobre asociaciones y personas de baja capacidad económica cuando las mismas solicitaban la prestación de determinados servicios sociales básicos tales como la revisión del grado de discapacidad y dependencia, inscripción de entidades de servicios sociales, acreditación y registro de entidades de voluntariado, informe de vivienda adecuada y arraigo para la obtención de residencia por reagrupamiento familiar de inmigrantes, etc. Eran tasas profundamente injustas, y procede ahora reconocer lo acertado de su supresión por el actual Gobierno de CLM.
Pero por otro lado, el Gobierno de CLM ha tenido la oportunidad de aprobar en las Cortes, y no lo ha hecho, la modificación de los dos principales impuestos directos sobre los que tiene competencias, con el fin de hacerlos más progresivos, de manera que las familias con mayores rentas y patrimonios aumenten su contribución a las arcas públicas. Me refiero al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto del Patrimonio (IP).
En septiembre de 2014, el Gobierno del PP en CLM rebajó un punto el tipo de gravamen a todos los contribuyentes del tramo autonómico del IRPF. Dicha medida afectó a todos/as los ciudadanos/as por igual, sin distinguir su capacidad económica, a la vez que no benefició a las familias que no presentan declaración del IRPF por tener unas rentas del trabajo inferiores al mínimo exento de 22.000 euros/año (pensionistas, desempleados/as, trabajadores/as precarios/as). Por ello, fue regresiva, es decir, contribuyó a aumentar desigualdades, a la vez que en un momento donde existían tantas necesidades básicas sin cubrir, los 50 millones de euros de pérdida de recaudación que supuso, imposibilitó apuntalar políticas públicas de solidaridad (educación, sanidad, servicios sociales) que en los años previos habían quedado maltrechas y desarboladas.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de CLM para 2016, así como el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2016, mantienen sin rectificar (renunciando así a mayor recaudación), la reforma del IRPF que en 2014 aprobó el Gobierno del PP en CLM, así como la escala de tributación del Impuesto de Patrimonio fijada con carácter supletorio por el Estado. Esta escala ha sido aumentada en los últimos años por determinadas comunidades autónomas como Andalucía (20%), Extremadura (50%), Cataluña (10%) y Asturias (20%). Si CLM procediera de igual manera, aumentando la escala de tributación en un 20%, la recaudación por el Impuesto de Patrimonio subiría en 3,6 millones de euros al año. Quizás pueda parecer una cantidad modesta, pero tiene un importante trasfondo simbólico en la medida que su recaudación procede exclusivamente de una mínima parte de los contribuyentes que poseen muy elevados patrimonios.
Un apartado del Proyecto de Ley de Presupuestos hace referencia a los beneficios fiscales como la magnitud de los recursos dejados de recaudar debido a la existencia de determinados incentivos fiscales legalmente establecidos (exenciones, reducciones, bonificaciones, moratorias, regularizaciones). En el caso de CLM, los beneficios fiscales para 2016 ascienden a 398 millones de euros, es decir, alrededor de un 5% del presupuesto total. Veamos el desglose de los mismos.
Los beneficios fiscales en el IRPF ascienden a 10 millones de euros, como consecuencia de las deducciones autonómicas de la cuota íntegra por conceptos tales como nacimiento o adopción de hijos/as, discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes, contribuyentes mayores de 75 años, cantidades donadas a la cooperación internacional, la lucha contra la pobreza y apoyo a la discapacidad, familia numerosa, gastos en libros de texto y enseñanzas de idiomas, etc. Sin perjuicio de que algunas de estas deducciones podrían ser cuestionadas por sus implicaciones sobre la equidad social, no voy a profundizar ahora en ellas.
Donde sí merece la pena prestar atención es a la importantísima pérdida de recaudación que se produce (311 millones de euros) por los beneficios fiscales ligados al Impuesto de Sucesiones (214 millones) y Donaciones (87 millones). En este impuesto, igual que en el resto de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas (50% del IRPF, 100% del IP) se abre una competencia fiscal entre regiones para ver cuál de ellas establece los impuestos más bajos con el fin de atraer la residencia de personas y empresas que buscan contribuir lo menos posible a las arcas públicas. La Comunidad de Madrid, que en los años 2006 y 2007 bonificó entre el 99 y el 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dio el pistoletazo de salida de esta carrera para reducir la recaudación impositiva y consecuentemente, hipotecar las políticas sociales. Desde entonces, el resto de Comunidades Autónomas, ha seguido sus pasos.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de CLM para 2016 establece en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en adquisiciones mortis causa (Sucesiones), unos beneficios fiscales (reducción de la recaudación) de 214 millones de euros, con motivo de bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto que van del 100% cuando la base liquidable es inferior a 175.000 euros al 80% cuando la base liquidable es superior a 300.000 euros. Para las adquisiciones inter vivos (Donaciones), los beneficios fiscales ascienden a 87 millones de euros, con motivo de bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto que van del 95% si la base liquidable es inferior a 120.000 euros al 85% cuando la base liquidable supera los 240.000 euros.
En un reciente debate en las Cortes CLM, el actual Consejero de Hacienda afirmó: “Antes, todas las herencias pagaban impuesto, con las mismas exenciones para grandes y pequeñas. A partir de ahora, sólo pagarán el 2% de las herencias, las más grandes”. Desde mi punto de vista, este planteamiento intenta justificar una pérdida de recaudación injustificable en los actuales momentos de insuficiencia de ingresos para las políticas sociales en CLM. En este sentido, lo justo sería que todas las herencias paguen el impuesto que les corresponda, progresivo en función del valor de la misma, estableciendo incluso supuestos de bonificación especiales en los casos en que las personas que las reciben se encuentren en una situación económica y social de precariedad o sean discapacitadas, PERO NUNCA QUE SE HAGA UNA BONIFICACIÓN CASI GENERALIZADA, que exime del pago de impuestos a contribuyentes que han obtenido un aumento de patrimonio a título lucrativo, es decir, sin contrapartida, rompiendo así con principios tributarios básicos como son los de capacidad económica y progresividad.
Por su mayor complejidad, así como por su menor importancia en cuanto al total de los beneficios fiscales en 2016, no abordaré aquí los que tienen que ver con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (76 millones) y el Impuesto de Hidrocarburos (11 millones).
En todo caso, con las posibles modificaciones señaladas más arriba, en 2016 los ingresos tributarios en Castilla-La Mancha podrían haber aumentado en unos 365 millones de euros, el equivalente al 4,3% del total de ingresos.
Dichos 365 millones de euros de ingresos adicionales vendrían por un lado de mayores tipos de gravamen en IRPF (50 millones) e Impuesto de Patrimonio (3,6 millones) y de la eliminación de beneficios fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (311 millones). Seguro que algunas partidas de gasto social infradotadas lo agradecerían.

martes, 23 de febrero de 2016

PRESUPUESTOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2016. QUERER, PERO NO PODER

 
Hace poco que ha visto la luz el Proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha (CLM) para 2016. Contiene la previsión de ingresos y gastos del gobierno de la región, sabiendo que las políticas que queremos aplicar en nuestro país, comunidad autónoma o municipio, o están reflejadas en los presupuestos, o no podrán desarrollarse. Y además, o están dotadas suficientemente en el plano económico, o no podrán llevarse a cabo con el grado de eficacia y calidad deseable.
 
Pienso que los presupuestos de CLM para 2016 van a verse afectados de insuficiencia de recursos para poder alcanzar unos servicios públicos de calidad, tomando como referencia los existentes en 2011, año en el que todavía no se habían puesto en marcha las políticas de recortes sociales.
 
Hace unos días, analizando los presupuestos de la serie 2007-2015, aventuraba que alrededor de un 20% del presupuesto total de gastos en 2016 se destinaría a amortizar deuda y pagar sus intereses. Finalmente ha sido el 18%, gracias a que en los últimos tiempos ha caído a mínimos históricos el tipo de interés y ha permitido refinanciar la deuda pública en condiciones muy ventajosas. Ello ha permitido reducir el pago por concepto de intereses de la deuda desde los 427 a los 219 millones de euros en 2016, consiguiendo un ahorro de 208 millones de euros que se ha podido dedicar a políticas sociales. Si este hecho no hubiera ocurrido (la caída de los tipos de interés), la insuficiencia de recursos para financiar políticas sociales aún se hubiera visto más agravada.
La aceptación del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y de un Banco Central Europeo que no financia directamente a los Estados, está detrás del hecho de que en 2016 Castilla-La Mancha vaya a destinar 1.522 millones de euros al pago de la deuda (1.303 a amortización y 219 a intereses). Es decir, una cantidad equivalente al gasto en Educación y Cultura. He aquí cuál es el coste para la ciudadanía de Castilla-La Mancha del Tratado de Maastricht y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española: recortes y precariedad social, absolutamente legales, absolutamente vergonzosos.
Es verdad que de 2015 a 2016, el presupuesto total de gastos pasará de 8.206 a 8.420 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6%. Incluso que el aumento en las consejerías de contenido social será aún mayor (6,0% en Bienestar Social, 8,7% en Sanidad y 4,7% en Educación y Cultura). Esto hay que reconocerlo y desde un punto de vista optimista, celebrarlo como un cambio de tendencia respecto de los presupuestos del Partido Popular en el período 2011-2015.
Pero si comparamos con el año 2011, en 2016 el presupuesto de éstas áreas es sustancialmente inferior: Bienestar Social un - 48,07%, Sanidad un - 29,54% y Educación y Cultura un - 27,58%. Si nos vamos a determinadas partidas de gran transcendencia social para luchar contra la pobreza y la desigualdad, la menor consignación presupuestaria en 2016 respecto a 2011 es aún más alarmante:
- Pensiones y prestaciones sociales para atender a los sectores de población más vulnerables: reducción del 88%, desde los 225 a las 27 millones de euros.
- Programas sociales básicos tales como los planes concertados y supramunicipales: reducción del 43% desde los 110 a los 65 millones de euros.
- Prevención y apoyo a las familias: reducción del 50% desde los 14 a los 7 millones de euros.
-Atención a personas con discapacidad: reducción del 13% desde los 117 a los 101 millones de euros.
-Atención a personas mayores: reducción del 28% desde los 369 a los 267 millones de euros.
- Cooperación al desarrollo: reducción del 70% desde los 9 a los 3 millones de euros.
- Promoción de la mujer, asistencia con motivo de la violencia de género: reducción del 22% desde los 21 a los 17 millones de euros.
- Atención integrada de la salud (atención primaria y especializada, prestaciones farmacéuticas): reducción del 30% desde los 3.498 a los 2.453 millones de euros.
- Educación infantil y primaria: reducción del 32% desde los 794 a los 536 millones de euros.
- Educación secundaria y Formación Profesional: reducción del 21% desde los 767 a los 607 millones de euros.
- Enseñanza Universitaria: reducción del 15% desde los 167 a los 142 millones de euros.
Es cierto que a veces hay margen para un uso más eficiente de los recursos, es decir, que podemos utilizarlos con el máximo cuidado y control con el fin de lograr estirar al máximo sus resultados. Pero creo que la brecha presupuestaria entre 2011 y 2016 es todavía tan amplia que como mucho tendremos que conformarnos con ciertas mejoras en estos servicios, que aún quedarán muy lejos de la situación previa a la crisis. Si no hay contratiempos en la recuperación económica (y esto no está descartado), alcanzar dichos niveles previos a la crisis puede suponer esperar una década.
Hay que pensar que los servicios públicos asociados a bienestar social, sanidad y educación son intensivos en factor trabajo, y que en el período 2011-2015 la plantilla de personal de la Junta de Castilla-La Mancha se ha visto reducida en unas 10.000 plazas aproximadamente. La mejora de calidad en estos servicios va a ir de la mano de que se lleven a cabo las correspondientes ofertas de empleo público durante los próximos años, estando previsto que en 2016 la oferta de empleo público sea de 1.710 plazas.
Todos los argumentos señalados más arriba serían un simple ejercicio de comparativa interanual, incluso de crítica fácil, si no fueran acompañados de alternativas para hacer frente a esta situación. Por ello, en estas circunstancias de insuficiencia de ingresos para financiar las políticas sociales en CLM, debemos preguntarnos si hay alguna posibilidad de conseguir mayores ingresos públicos de carácter tributario. Yo entiendo que sí. Lo expondré en la próxima entrada de mi blog, que llevará el siguiente título: “Impuestos más justos en Castilla-La Mancha: mejores políticas sociales”.
 

miércoles, 3 de febrero de 2016

TTIP: COMERCIO INTERNACIONAL Y DEMOCRACIA

 
El próximo martes 9 de febrero, a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia de Albacete, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo Arias, impartirá una conferencia.
 
Organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración de Ecologistas en Acción, ATTAC y la Plataforma contra el TTIP de Albacete, en dicho acto se presentará el libro que el profesor Taibo ha publicado recientemente y que lleva por título “Para entender el TTIP. Una visión crítica del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EE.UU y la UE”.
 
La corriente económica dominante hoy en día, basándose en determinadas interpretaciones de los planteamientos de economistas pioneros como Adam Smith, asocia directamente la liberalización y desregulación del comercio internacional como la mejor vía para alcanzar una mejora del bienestar social global.
 
Nada más lejos de la realidad. La lectura sosegada y contextualizada de Smith, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow a mediados del siglo XVIII, nos lleva a otras conclusiones al respecto.
 
En las Lecciones de Jurisprudencia, que Adam Smith dictó en la Universidad de Glasgow durante el curso 1763-64, el autor escocés apuntaba:
 
“Las leyes y el gobierno pueden ser considerados…, en todos los casos, como una coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su provecho la desigualdad de bienes que, de otra forma, no tardaría en ser destruida por los ataques de los pobres”.
 
En lo que respecta a la regulación del comercio internacional, el propio Smith era absolutamente contundente:
 
       “…aquellos que tienen el mayor interés en defraudar y en imponerse al público son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio” (1785).
     La reglamentación del comercio “siempre es un engaño, mediante el que los intereses del estado y de la nación se sacrifican en beneficio de una clase particular de comerciantes” (1783).
Incluso en su obra más conocida, La riqueza de las naciones (1776), Smith escribía párrafos como los siguientes:
 
“Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación  comercial que venga de esta categoría de personas (los empresarios) debe siempre ser considerada con la máxima precaución, y nunca debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa, desarrollada no sólo con la atención más escrupulosa, sino también con el máximo recelo.
Porque provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades”.
El economista estadounidense, John Kenneth Galbraith, en su libro Memorias de un liberal impenitente (1973), actualiza las precauciones señaladas por Smith poniéndolas en relación con las grandes corporaciones que hace ya más de 40 años comenzaban a gobernar el mundo:
 
 “…la corporación moderna controla los precios y los costes, organiza a los proveedores, persuade a los consumidores, guía al Pentágono, configura la opinión pública, soborna a los políticos y es, de otras maneras, una influencia dominante en el Estado”
“Lo que necesita (la gran corporación) en materia de investigación y desarrollo, obras públicas, apoyo financiero de emergencia, socialismo cuando las ganancias dejan de ser probables, se transforma en política pública. Sus intereses tienden a convertirse en interés público”.
Esas mismas corporaciones son las que están redactando ahora el TTIP, las que pretenden hacernos pasar como intereses generales lo que no son más que intereses particulares. Y lo peor de todo es que los gobiernos de los países afectados a un lado y otro del Atlántico están del lado del gran capital.
La Troika ya ha marcado el camino a los países rescatados de la Eurozona. Todos los países miembros de la Unión Europea han aceptado con más o menos entusiasmo o resignación el establecimiento de restricciones tajantes en materia de objetivos e instrumentos macroeconómicos internos (déficit y deuda pública,  inflación, condiciones laborales, políticas sociales, soberanía monetaria).
Ahora es el turno de la política comercial exterior. Y si no fuera suficiente con las normas marcadas por la Organización Mundial de Comercio, el TTIP pretende seguir dando vueltas de tuerca para mayor gloria de las cuentas de resultados de las grandes corporaciones.
¿Podrá ser el TTIP objeto de rectificación en las negociaciones que el PSOE está comenzando para intentar formar gobierno en España? Hasta la fecha PP, PSOE, C’s y la Comisión Europea están a favor del TTIP. PODEMOS y UP en contra. La experiencia reciente en la Unión Europea, que obliga a asumir como una restricción de obligado cumplimiento las directrices marcadas por la Comisión, nos muestra un escenario donde no hay lugar para la democracia, tan solo para siervos/as.
NOTA: Las citas literales de Smith y Galbraith han sido extraídas de algunos trabajos del profesor Federico Aguilera Klink.