miércoles, 13 de junio de 2012

LAS CAJAS RURALES LOCALES DE VILLAMALEA, CASAS IBÁÑEZ Y MOTA DEL CUERVO SEGUIRÁN SIENDO INDEPENDIENTES

Nota de prensa de la Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales de Villamalea, Casas Ibáñez y Mota del Cuervo (11-6-2012)

LAS CAJAS RURALES LOCALES DE VILLAMALEA, CASAS IBÁÑEZ Y MOTA DEL CUERVO SEGUIRÁN SIENDO INDEPENDIENTES

Las asambleas de estas 3 entidades han rechazado contundentemente la integración con Caja Rural de Castilla-La Mancha

En las asambleas celebradas ayer domingo día 10 de junio, los/as socios/as manifestaron su firme oposición al contrato de integración con Caja Rural de Castilla-La Mancha que habían presentado los tres consejos rectores de estas entidades. En las tres entidades los votos negativos han superado a los que han apostado por apoyar la propuesta de integración. Los votos se han repartido de la siguiente forma. En Mota del Cuervo (Cuenca) el resultado fue de 861 NO y 203 SI (80% y 20% respectivamente). En Villamalea (Albacete) fueron 256 noes (56%) y 226 sies (44%). En la asamblea de Casas Ibáñez (Albacete) han sido 190 votos para el NO (61%) y 124 votos para el SI (39%). En cualquier caso para salir adelante esta propuesta tendría que haber obtenido una mayoría cualificada de 2/3 de los votos en cada una de las tres entidades.

“El trabajo de información, difusión y debate de ideas que se ha desarrollado desde la Plataforma ha permitido que los/as socios/as de nuestras entidades hayan podido escuchar diferentes puntos de vista y decidir en consecuencia. Los resultados invitan a seguir trabajando por nuestra tierra y nuestra gente, a través de cooperativas de crédito locales que tienen más de 50 años de vida. Adaptándonos a los nuevos tiempos, pero siempre desde soluciones locales, implicando a la masa social y al resto de la gente de nuestros pueblos”, han señalado los portavoces de la Plataforma, que está constituida por socios de las tres cajas rurales locales.

“Los argumentos negativos, catastrofistas y del miedo deben dejar paso a un futuro de esperanza, porque podemos y debemos construirlo entre todos/as, respetando la pluralidad y confiando en nuestra gente, avanzando en la cooperación entre iguales, con el mismo espíritu con que nuestros/as abuelos/as iniciaron esta aventura en tiempos mucho más difíciles que los que nos toca vivir ahora”, expresaron desde la Plataforma en Defensa de las Cajas Rurales Locales.

Por último constataron esperanzados que “la perfecta colaboración a través de la Plataforma entre socios de las tres entidades locales de la región puede ser la base de un estrechamiento de vínculos y la búsqueda de un futuro común a través de diferentes convenios de colaboración que, respetando el compromiso y la autonomía de cada una con su tierra, genere buenas sinergias y permita seguir prestando servicios financiero eficientes y de calidad”.

lunes, 4 de junio de 2012

DEFENDIENDO NUESTRAS CAJAS RURALES LOCALES: POR NUESTRA TIERRA Y NUESTRA GENTE (III)

Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales de Mota del Cuervo, Villamalea y Casas Ibáñez

La integración de nuestras pequeñas cajas rurales locales con otra de mayor tamaño y diferente ámbito territorial supondría su desvinculación del territorio que las vio nacer y el inicio de un proceso de expansión territorial de alto riesgo financiero.

Caja Rural de Castilla-La Mancha está llevando a cabo un ambicioso y “peligroso” Plan de Expansión, en unos momentos en que la tendencia general dentro del sector financiero es la del cierre de oficinas. En concreto ha creado 29 agencias con el formato de franquicias, además de haber abierto 10 nuevas oficinas en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, en todo caso fuera de su territorio natural de implantación (las provincias de Toledo y Guadalajara). La experiencia reciente nos enseña que todas las entidades financieras que se han embarcado en agresivos procesos de expansión territorial han acabado mal o muy mal.

En esta línea, tanto Caja Rural de Castilla-La Mancha como Globalcaja están conformándose ya como las continuadoras del papel que hasta hace poco representaba Caja Castilla-La Mancha en el concierto financiero y político regional. Ambas entidades están asumiendo una serie de operaciones de alto riesgo asociadas a la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCLM), de Ayuntamientos de grandes ciudades, de ciertos colegios oficiales, de empresas de la Comunidad de Madrid, de oficinas de farmacia, de empresas prestadoras de servicios sociales,…con un nexo común: sus problemas financieros están relacionados con los impagos de la JCCLM. Esta precariedad financiera de la administración regional tiene visos de convertirse en permanente, y por lo tanto podría hacer pasar gravísimas dificultades a toda la cadena de agentes y entidades financieras implicadas. En todos estos casos, las grandes cajas rurales de la región están desligándose del territorio rural y sus gentes que las vieron nacer y desarrollarse, asumiendo operaciones con elevados riesgos (ejemplo: calificación de bono basura que tiene la deuda pública de la JCCLM), lo que implica un círculo vicioso que empeora la solvencia por la mayor ponderación que tienen dichos activos a la hora de determinar la ratio de solvencia.

Hace un año (8-6-2011), un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete ya alertaban de la desvinculación territorial afirmando que “Por su parte, las cajas rurales, de las que había provinciales y locales, están embarcadas en un proceso de fusión y conversión en cajas rurales de ámbito regional. Así se produce un alejamiento del territorio y de los pueblos que las forjaron hace casi medio siglo, porque las decisiones sobre su gestión se centralizarán, se reducirán los cauces de participación directa de sus socios en la vida de la entidad, y poderes políticos y económicos buscarán la forma de utilizarlas en beneficio particular” (http://gregoriolopezsanz.blogspot.com.es/2011/06/cajas-rurales-locales-financiacion.html).

La integración de las 4 entidades reforzaría la solvencia y liquidez del SIP que se creara gracias a que las ratios de las 3 entidades locales en esta materia son mejores que los de la Caja Rural de Castilla-La Mancha. Pero ello será a costa de un fuerte empeoramiento de las ratios individuales de cada caja rural local, que con un peso de apenas el 15% en el SIP se verán arrastrados a la baja por el peso hegemónico de la entidad central. La ratio de solvencia (core capital o Tier 1 = capital+reservas/activos ponderados por el riesgo) de Caja Rural de Castilla-La Mancha ronda el 15%, mientras que el de las 3 cajas rurales locales es sustancialmente mejor (alrededor del 22% de media), por lo que tras la constitución del SIP la nueva ratio de solvencia conjunta bajará para las cajas rurales locales por debajo del 20% (el 16% aproximadamente). Es decir, en este caso, la excelente salud financiera de las entidades adheridas permite aumentar la ratio de solvencia de la entidad central, a costa de empeorar el de las primeras.

Lo anterior (la mejora de las ratios que va a experimentar la entidad resultante del SIP) va a permitir que Caja Rural de Castilla-La Mancha siga adelante con su peligrosa y arriesgada política de expansión territorial y de inversiones (concesión de préstamos en sectores ajenos a la agricultura, la ganadería, las familias y las PYMES del ámbito rural). En estos tiempos, más que nunca, se impone la prudencia, evitando entrar en nuevos negocios de muy discutible rentabilidad social, que más pronto que tarde podrían requerir rescates públicos (de los que cada vez tenemos más ejemplos). Si la entidad central se va al traste, las cajas rurales locales serían arrastradas, ya que unen su porvenir al de Caja Rural de Castilla-La Mancha. Si nuestras cajas rurales locales no tienen necesidad de integrarse, ¿por qué tanto empeño en ello?.

Hemos solicitado en diversas ocasiones a los consejos rectores información relativa a los costes operativos de las entidades en la actualidad y cuáles serían los resultantes con posterioridad a la hipotética constitución del SIP. Siendo la reducción de los costes operativos el objetivo principal de la constitución del SIP, no puede tomarse una decisión al respecto sin un estudio sereno y pormenorizado de los mismos. A pesar de ser ésta una petición de información reiterada que hemos hecho desde el inicio de este proceso, a estas alturas aún sigue sin ser atendida. Pudiéramos llevarnos la sorpresa de que unos mayores costes de servicios generales de la Entidad Central se repercutieran a las Entidades Adheridas vía SIP. Insistimos, no se ha proporcionado información alguna sobre estos extremos para poder tomar una decisión al respecto. Por ello, esta Plataforma ha elaborado dicha información basándose en datos oficiales de la UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), y nuestros temores se han visto confirmados.

Las conclusiones no pueden ser más claras. Las ratios de número de socios por trabajador, número de tarjetas de crédito por trabajador, créditos concedidos por trabajador, costes que soporta cada socio por trabajador y el % que suponen los costes de personal respecto a los préstamos concedidos son escandalosamente más altos en la Caja Rural de Castilla-La Mancha, y lo serían también en el SIP, respecto a los que ahora soportan las 3 cajas rurales locales.

En el ámbito estatutario de nuestras cajas rurales (que son locales) nuestro tamaño no puede decirse que sea pequeño sino todo lo contrario. Es cierto que somos entidades pequeñas en el plano nacional pero como solo operamos a nivel local nuestro tamaño es bastante relevante si nos comparamos con el resto de entidades que existen en cada uno de nuestros municipios.

En lo que toca al poder de decisión, la integración a través del SIP supondría un absoluto vaciamiento de las competencias de las Asambleas y los Consejos Rectores de las entidades adheridas, por lo que la participación de los/as socios/as de estas pequeñas entidades carecería de sentido. Se establece en el Contrato de Integración que los elementos fundamentales de la vertebración del Grupo serán: una instancia central de Gobierno (la entidad central), una integración financiera (mutualización de solvencia, liquidez, tesorería y resultados del 100%) y una integración funcional (de política financiera, de operativa y de negocio). Y se estipula que se hará con respeto a la personalidad jurídica y al ámbito territorial de cada entidad. Pues bien, todo esto es “querer y no poder”. Es decir, las entidades adheridas serán las encargadas de aplicar en su ámbito territorial las políticas que les vengan impuestas desde la entidad central, a la que estarán absolutamente ligadas mediante una relación de total dependencia. El mantener la marca y ámbito territorial natural de las entidades adheridas es algo testimonial y de imagen, porque lo importante, la política financiera, vendrá dictada desde la entidad central. Los 3 Consejeros de las entidades adheridas no tendrán ninguna capacidad de veto para evitar decisiones contrarias a los intereses de sus entidades.

(Continuará)

Más información:

http://www.facebook.com/profile.php?id=1024635281#!/pages/Cajas-Rurales-Locales/218840694812518

viernes, 1 de junio de 2012

DEFENDIENDO NUESTRAS CAJAS RURALES LOCALES: NO QUEREMOS SER VASALLOS DE NADIE (II)

Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales de Mota del Cuervo, Villamalea y Casas Ibáñez

La integración que se propone para nuestras 3 cajas rurales locales (Mota del Cuervo, Villamalea y Casas Ibáñez) no se produciría en un plano de igualdad, sino que la Caja Rural de Castilla-La Mancha mandaría y las 3 cajas rurales locales obedecerían. Habría una entidad líder y el resto serían seguidoras de la anterior en todo aquello que la primera estableciese, es decir, se perdería la soberanía y el poder de decisión en asuntos de vital importancia.

Aunque jurídicamente definan la integración como un Sistema Institucional de Protección + Grupo Cooperativo, en la práctica sería una absorción de las cajas rurales locales por parte de Caja Rural de Castilla-La Mancha.

Esto equivale a una fusión aunque no tenga la modalidad jurídica de una sociedad anónima (como en el caso de Bankia) o de una cooperativa de segundo grado (que es la fórmula jurídica de las cajas rurales locales). La opción elegida es la de Grupo Cooperativo, donde habrá una “entidad central” que a través del SIP adoptará todas las decisiones importantes relativas a la integración de sus negocios, de servicios de interés común, la protección mutua frente al riesgo de liquidez e insolvencia, la mutualización de resultados y la centralización de sus estrategias de negocio y políticas básicas). Las “entidades adheridas” estarán obligadas a asumir dichas decisiones.

A este respecto, el argumento a favor de la integración según el cual “nos obliga el Banco de España”, nunca ha sido justificado documental. En varias ocasiones hemos solicitado a los consejos rectores de nuestras cajas rurales locales que se nos proporcione documentación por escrito respecto a las mencionadas observaciones del Banco de España y a las exigencias de tamaño y eficiencia de las entidades, pues de lo contrario, se estaría ocultando a sus socios/as información absolutamente relevante para entender y valorar el Contrato que se nos presenta para su consideración.

No queremos que se nos meta más miedo, sino que, en el caso de tener que afrontar problemas, se analicen en positivo las estrategias para superarlos, desde la tranquilidad de ser entidades completamente solventes, que a lo largo de 50 años se han sabido adaptar a los cambios exigidos en la regulación del sector, y que ahora no va a ser menos. No podemos, no debemos, rendirnos a las primeras de cambio e integrarnos con Caja Rural de Castilla-La Mancha, una entidad que nada tiene que ver y en nada se parece a las nuestras.

Nuestros pueblos siempre han luchado por la libertad, incluso en tiempos mucho más convulsos que éstos. El SIP que se propone es un paso atrás en la libertad y un paso adelante en la sumisión, pues establece la existencia de una única unidad de decisión (entidad cabeza o central) cuyos acuerdos serán obligatorios para todas las entidades del SIP. A su vez se adoptarán compromisos recíprocos de solvencia, liquidez y mutualización de resultados. Ello es un ejemplo más de “sumisión” de las entidades adheridas a lo que establezca la entidad central. Ésta última regirá la marcha del SIP en un contexto de mayoría aplastante en los órganos de decisión del mismo.

Las competencias delegadas por el SIP en los Consejos Rectores de las cajas rurales locales o son de escasa relevancia o estarán condicionadas en su desarrollo por la política marcada desde el SIP, es decir, decidiremos en nuestros pueblos aquello que nos digan desde arriba. Se trata de competencias como la aprobación de operaciones de riesgo de crédito hasta el 15% de los recursos propios de la entidad, la aplicación de las políticas del SIP, la determinación del sentido del voto de sus representantes en el Consejo Rector del SIP, la gestión del Fondo de Educación y Promoción, la designación de representantes en el Consejo Rector del SIP, la gestión de las políticas de personal en aplicación de las marcadas por el SIP y el régimen tarifario de operaciones de activo, pasivo y comisiones con arreglo a la política del SIP. Todas ellas son de absoluto sentido común y de escasa relevancia, o en el resto de casos, consisten en gestionar competencias de acuerdo con las directrices que emanan desde arriba, con nulo margen para adaptarlas a las peculiaridades de cada una de las Entidades Adheridas, pues siempre se utiliza la coletilla “de acuerdo con la política marcada por el SIP”.

La política de riesgos del futuro SIP podría dejar sin financiación proyectos de interés local que no cumplan determinados criterios técnicos como avales o rentabilidad financiera. Y es que, hasta ahora, las cajas rurales locales han llevado a cabo una evaluación de riesgos que ha ponderado sobre todo el conocimiento y la cercanía a las personas que solicitaban préstamos, y que se ha manifestado a su vez como eficiente (con las ratios de morosidad más bajas de todo el sector financiero). En el futuro, dentro del SIP, esto ya no será así, y podría ocurrir que las exigencias de política de riesgos impidieran financiar determinados proyectos de inversión en nuestros pueblos que no contaran con avales suficientes o no alcanzaran determinados umbrales de rentabilidad.

Igualmente, con el SIP aumentarían las posibilidades de pérdidas de empleo entre los/as trabajadores/as de las cajas rurales locales. La experiencia de los procesos de fusión o integración de entidades financieras en España muestra que el colectivo más castigado en todos estos procesos ha sido el de los empleados/as de las entidades afectadas. Tras las fusiones se ha perdido entre el 20 y el 25% del empleo existente en el sector de las cajas de ahorro respecto al existente con anterioridad. La reducción de costes operativos pasa necesariamente por la vía de los despidos de personal y la agrupación de los servicios generales en la Entidad Central.

El SIP propuesto es un viaje sin retorno, donde las cajas rurales locales, desde el mismo momento de la adhesión, perderán toda posibilidad de volver atrás. El SIP tendrá una duración mínima de 12 años, así como un régimen de bajas voluntarias y obligatorias que en todo caso deberán ser autorizadas por el Banco de España. Las penalizaciones por baja, se trate tanto de voluntaria como obligatoria, implicarán una sanción económica igual al 30 ó 35% de los recursos propios, según cada caso, además de una indemnización por los daños y perjuicios causados al SIP. Toda la tramitación del procedimiento de baja corresponderá al Consejo Rector de la Entidad Central del SIP. Estas condiciones draconianas son, de hecho, la forma de convertir el SIP en un contrato permanente e indefinido, de facto irreversible. Los promotores son conscientes de los escasos refuerzos positivos e interés que el modelo tiene para nuestras cajas rurales locales, de ahí que pongan todo tipo de impedimentos para dificultar la salida. Sería el fin de nuestras cajas rurales locales tal y como las hemos conocido hasta ahora.

En el SIP que pretende crearse, las cajas rurales locales no podrán decidir respecto a futuros compañeros de viaje, ya que la potestad de aprobar la adhesión de nuevas entidades quedará sólo en manos del Consejo Rector de la Caja Rural de Castilla-La Mancha. Otro ejemplo más de la supremacía absoluta de la Entidad Central respecto de las pequeñas cajas rurales locales. Éstas últimas no tendrán posibilidad alguna de oponerse a nuevas adhesiones que puedan entender que perjudican sus intereses. A la vista de cómo se han desarrollado otras experiencias de SIP similares en el sector de las cajas rurales en España, serían altas la posibilidades de que más pronto que tarde las cajas rurales locales que ahora se integraran en el SIP perdieran totalmente su identidad y se diluyeran en una macroentidad financiera absolutamente desvinculada de nuestra tierra y nuestra gente (caso de Cajacampo tras su SIP con Cajamar).

(Continuará)

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