martes, 13 de marzo de 2018

LAS MACROGRANJAS: EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA VUELVE A EQUIVOCARSE DE BANDO

A veces, los gobiernos son el problema. En vez de cuidar y abrir alamedas para personas libres, conducen a callejones sin futuro. Sólo por favorecer a corto plazo los beneficios de grandes empresas. Desde el sector financiero hasta la agroindustria, pasando por pelotazos urbanísticos y la privatización de servicios públicos.

No hay otra opción. La gente y los pueblos tienen que movilizarse para defender lo público y lo comunitario. La historia reciente de Castilla-La Mancha está salpicada de estas luchas sociales, que no han estado lideradas por partidos políticos, sindicatos u organizaciones agrarias. Han surgido de la preocupación y la toma de conciencia de la ciudadanía.
Las personas mayores salieron a la calle contra el intento de cerrar las urgencias nocturnas de determinados centros de salud en el ámbito rural. Las mareas verde y blanca denunciaron (y en ello siguen) los recortes en la educación y la sanidad pública. El colectivo de trabajadores/as interinos/as de la Junta de Comunidades ganó en los tribunales lo que se les arrebató por decreto. Las comarcas objetivo de las tierras raras, del fracking o del cementerio nuclear salieron masivamente a la calle para desterrar esas prácticas de sus campos, que condenaría lo único que tienen: sus cosechas y sus ganados.
Hoy, al amparo de ayudas económicas establecidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha con fondos de la Unión Europea, las macrogranjas de porcino ligadas a grandes empresas del sector cárnico, intentan expandirse por todas las provincias de Castilla-La Mancha. Mucha gente teme fundadamente que los impactos ambientales asociados a estas instalaciones deterioren el aire, el agua y el suelo de sus pueblos. Ante su petición de información y debate transparente en actos públicos, algunos ayuntamientos cierran sus puertas a cal y canto, contribuyendo así a una bella metáfora: la calle y no las instituciones son el lugar privilegiado para impulsar los cambios sociales.
Ante las plataformas contra las macrogranjas de porcino que están proliferando por toda la región, que piden repensar la conveniencia de este tipo de industrias en nuestro medio rural, la administración regional mantiene monolítica su postura a favor de estas instalaciones.
El Gobierno de Castilla-La Mancha asume los principios del despotismo ilustrado, donde los gobernantes afirman regirse por los intereses del pueblo al tomar sus decisiones, pero no cuentan con éste en aquellos casos donde hay un clamor contrario a sus políticas. El actual gobierno regional actuó al principio, sin complejos, como el principal valedor de la empresa minera que quería explotar las tierras raras del Campo de Montiel. Luego, la presión social le obligó a dar marcha atrás. Ahora, con las macrogranjas, lleva el mismo camino. En vez de actuar rápido de reflejos, y ponerse desde el principio del lado de la gente que defiende su tierra, sigue flirteando con empresas de dudosa responsabilidad social corporativa en lo que toca a su impacto ambiental negativo.
Hay dos cosas peores que tomar decisiones equivocadas. Una, persistir en ellas por creer que no hay mejores alternativas. Dos, no enmendarlas por preferir servir antes a empresas particulares que al interés general.
Aire, agua y suelo, porque no es otra cosa la vida.

lunes, 5 de marzo de 2018

¿LEVANTAMOS LA MIRADA? ¿QUÉ FUTURO PARA CASTILLA-LA MANCHA?

 
En las modernas economías de mercado, la planificación cumple un papel más relevante aún que en los sistemas económicos de tipo soviético. Nada se deja al libre juego de la oferta y la demanda. Todo es dirigido por el gran capital transnacional, y los gobiernos, la mayoría de las veces, son simples ejecutores de sus planes.
 
Se nos machaca con la idea de que el desarrollo económico de los territorios pasa por abrir las puertas de par en par y extender la alfombra roja a proyectos respaldados por grandes grupos transnacionales. Proyectos que exigen para sí mismos las mejores condiciones, o lo que es lo mismo, las peores para la mayor parte de la gente (precariedad laboral) y la Naturaleza (deterioro ambiental). Y si no se le ofrecen, buscan otro lugar para invertir y maximizar beneficios. Porque en la globalización siempre puedes encontrar a alguien más empobrecido/a que acepte las condiciones del capital.
En Castilla-La Mancha llevamos décadas en esta dinámica propia de territorios dependientes y al servicio de las ansias de acumulación del capital financiero. Su actual gobierno, así como buena parte de su sociedad civil, no levantan la cabeza para imaginar el futuro desolador que se vislumbra con este modelo de desarrollo, depredador de recursos naturales y alienante para la gente.
Sólo en aquellos casos donde ha habido movilización y protesta social intensa, se han conseguido frenar estas políticas dañinas para la gente y la naturaleza. Y siempre cuando se ha tratado de proyectos “concentrados” en determinados espacios. Es el caso de la oposición a la minería de tierras raras en el Campo de Montiel, al cementerio nuclear de Villar de Cañas y al fracking o fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales.
En cambio, en otros muchos casos, las políticas extractivistas de recursos naturales siguen campando a sus anchas de manera difusa por todo el territorio, contando con el apoyo decidido de las administraciones públicas competentes. Aquí cabe citar el apoyo explícito del Gobierno de Castilla-La Mancha a:
- las macrogranjas de porcino y de otras especies animales, al servicio del lobby de la industria cárnica, que amasa beneficios a costa del maltrato animal y del deterioro ambiental;
- la agricultura intensiva en el uso de fertilizantes, pesticidas y recursos energéticos no renovables tanto en secano como en regadío;
- la sobreexplotación a nuestro cargo de las propias aguas subterráneas y superficiales, que esquilma cauces y manantiales, que no es menor al agua que “nos roban” otras comunidades;
- la industria bélica de producción y adiestramiento en armas para matar a personas inocentes;
- las plataformas logísticas de las nuevas multinacionales de la distribución comercial a través de internet, para las que no existen personas trabajadoras, sino mano de obra de usar y tirar;
- el despoblamiento salvaje de buena parte del territorio castellano-manchego, incentivando las políticas de éxodo rural iniciadas con el desarrollismo de la dictadura, porque ya no interesan personas unidas a la tierra, sino consumidores/as en entornos urbanos, desarraigados/as, a pie de centro comercial.
Sólo conservando el agua y la tierra, haciendo un uso cuidadoso de estos recursos, mañana habrá vida aquí. Al capital que sólo busca maximizar beneficios, esto le da igual. Sólo piensan en el corto plazo, y nada más. A quienes vivimos aquí, y queremos que nuestros/as nietos/as lo sigan haciendo, no debería darnos igual. Sólo la movilización social frena las políticas que no piensan en la gente ni en la vida.
En una tierra viva, las organizaciones comunitarias y/o políticas pueden luchar contra la precariedad laboral, el desempleo, la desigualdad aberrante, las diferentes formas de violencia, el patriarcado, la corrupción, la dictadura de los mercados, la democracia de cartón-piedra, la producción de alimentos,… En una tierra envenenada y moribunda sólo hay un horizonte: el de la emigración.