El próximo paso sería que dicho anteproyecto tuviese entrada en las
Cortes de Castilla-La Mancha y comenzase el proceso de debate y aprobación del
mismo.
Hace un mes que no se ha vuelto a saber nada de ese documento.
No obstante, gracias al Tratado de Maastricht y a las condiciones de
estabilidad presupuestaria, unión monetaria, papel del Banco Central Europeo y
forma de financiar los déficits públicos establecidas en el mismo, podemos
adelantar sin temor a equivocarnos demasiado, cuál va a ser la magnitud de una
de las principales partidas de los mismos: la dedicada al pago de intereses y
amortización de la deuda pública autonómica.
De acuerdo con la información pública disponible en las páginas web
del Banco de España y la Intervención de la JCCLM (cuenta general y ejecución presupuestaria),
el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado de media entre los ejercicios
2012 y 2015 casi un 20% del gasto total a pagar los intereses y a amortizar la
deuda pública emitida por esta comunidad autónoma.
De unos gastos totales medios anuales de 8.200 millones de euros en
este período, alrededor de 1.650 millones de euros de media al año se han
destinado a devolver deuda (1.225 millones de euros) y sus correspondientes
intereses (425 millones de euros).
Para hacernos una idea de la magnitud de este importe, valga señalar
que en 2014 el gasto destinado a “Educación, cultura y deportes” y al “Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha” por parte de la JCCLM fue de 1.441 y 2.487 millones
de euros, respectivamente. Es decir, después del SESCAM, la partida de gasto de
mayor envergadura en los presupuestos será la destinada a la deuda pública.
Sirvan estos datos para denunciar que, mientras no se cuestione y se
rompa con las ataduras que se derivan del Tratado de Maastricht, los
principales beneficiarios de los presupuestos públicos no serán las personas,
sino la gran banca (BBVA, Santander, Caixabank) y los fondos de inversión que
especulan con la deuda de las administraciones públicas.
Recientemente el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que destinará
600 millones de euros en 2016 al Plan de Emergencia Ciudadana. Eso está muy
bien. Pero que quede claro, destinará aproximadamente tres veces más a hacer
frente a sus compromisos financieros, o lo que es lo mismo, a rescatar bancos
por la vía indirecta de sus inversiones “seguras” en deuda pública y a
acrecentar ganancias de fondos de inversión especulativos.
Así es la Unión Europea, amiga de sus amigos, pero que pague la
ciudadanía. ¿Nos podemos hacer una idea de las posibilidades de mejorar los
servicios públicos castellano-manchegos de acuerdo con principios de justicia
social y participación ciudadana si se pudiera contar con los 1.650 millones de
euros al año que ahora se destinan a mejorar la cuenta de resultados de bancos
y grandes fortunas?
PD: Consuelo de tontos/as. Esta situación no es exclusiva de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Otras comunidades autónomas,
ayuntamientos y Gobierno de la Nación disfrutan de escenarios similares.