PRESUPUESTOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2016. QUERER, PERO NO PODER

 

Hace poco que ha visto la luz el Proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha (CLM) para 2016. Contiene la previsión de ingresos y gastos del gobierno de la región, sabiendo que las políticas que queremos aplicar en nuestro país, comunidad autónoma o municipio, o están reflejadas en los presupuestos, o no podrán desarrollarse. Y además, o están dotadas suficientemente en el plano económico, o no podrán llevarse a cabo con el grado de eficacia y calidad deseable.

 

Pienso que los presupuestos de CLM para 2016 van a verse afectados de insuficiencia de recursos para poder alcanzar unos servicios públicos de calidad, tomando como referencia los existentes en 2011, año en el que todavía no se habían puesto en marcha las políticas de recortes sociales.

 

Hace unos días, analizando los presupuestos de la serie 2007-2015, aventuraba que alrededor de un 20% del presupuesto total de gastos en 2016 se destinaría a amortizar deuda y pagar sus intereses. Finalmente ha sido el 18%, gracias a que en los últimos tiempos ha caído a mínimos históricos el tipo de interés y ha permitido refinanciar la deuda pública en condiciones muy ventajosas. Ello ha permitido reducir el pago por concepto de intereses de la deuda desde los 427 a los 219 millones de euros en 2016, consiguiendo un ahorro de 208 millones de euros que se ha podido dedicar a políticas sociales. Si este hecho no hubiera ocurrido (la caída de los tipos de interés), la insuficiencia de recursos para financiar políticas sociales aún se hubiera visto más agravada.

La aceptación del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y de un Banco Central Europeo que no financia directamente a los Estados, está detrás del hecho de que en 2016 Castilla-La Mancha vaya a destinar 1.522 millones de euros al pago de la deuda (1.303 a amortización y 219 a intereses). Es decir, una cantidad equivalente al gasto en Educación y Cultura. He aquí cuál es el coste para la ciudadanía de Castilla-La Mancha del Tratado de Maastricht y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española: recortes y precariedad social, absolutamente legales, absolutamente vergonzosos.

Es verdad que de 2015 a 2016, el presupuesto total de gastos pasará de 8.206 a 8.420 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6%. Incluso que el aumento en las consejerías de contenido social será aún mayor (6,0% en Bienestar Social, 8,7% en Sanidad y 4,7% en Educación y Cultura). Esto hay que reconocerlo y desde un punto de vista optimista, celebrarlo como un cambio de tendencia respecto de los presupuestos del Partido Popular en el período 2011-2015.

Pero si comparamos con el año 2011, en 2016 el presupuesto de éstas áreas es sustancialmente inferior: Bienestar Social un - 48,07%, Sanidad un - 29,54% y Educación y Cultura un - 27,58%. Si nos vamos a determinadas partidas de gran transcendencia social para luchar contra la pobreza y la desigualdad, la menor consignación presupuestaria en 2016 respecto a 2011 es aún más alarmante:

- Pensiones y prestaciones sociales para atender a los sectores de población más vulnerables: reducción del 88%, desde los 225 a las 27 millones de euros.

- Programas sociales básicos tales como los planes concertados y supramunicipales: reducción del 43% desde los 110 a los 65 millones de euros.

- Prevención y apoyo a las familias: reducción del 50% desde los 14 a los 7 millones de euros.

-Atención a personas con discapacidad: reducción del 13% desde los 117 a los 101 millones de euros.

-Atención a personas mayores: reducción del 28% desde los 369 a los 267 millones de euros.

- Cooperación al desarrollo: reducción del 70% desde los 9 a los 3 millones de euros.

- Promoción de la mujer, asistencia con motivo de la violencia de género: reducción del 22% desde los 21 a los 17 millones de euros.

- Atención integrada de la salud (atención primaria y especializada, prestaciones farmacéuticas): reducción del 30% desde los 3.498 a los 2.453 millones de euros.

- Educación infantil y primaria: reducción del 32% desde los 794 a los 536 millones de euros.

- Educación secundaria y Formación Profesional: reducción del 21% desde los 767 a los 607 millones de euros.

- Enseñanza Universitaria: reducción del 15% desde los 167 a los 142 millones de euros.

Es cierto que a veces hay margen para un uso más eficiente de los recursos, es decir, que podemos utilizarlos con el máximo cuidado y control con el fin de lograr estirar al máximo sus resultados. Pero creo que la brecha presupuestaria entre 2011 y 2016 es todavía tan amplia que como mucho tendremos que conformarnos con ciertas mejoras en estos servicios, que aún quedarán muy lejos de la situación previa a la crisis. Si no hay contratiempos en la recuperación económica (y esto no está descartado), alcanzar dichos niveles previos a la crisis puede suponer esperar una década.

Hay que pensar que los servicios públicos asociados a bienestar social, sanidad y educación son intensivos en factor trabajo, y que en el período 2011-2015 la plantilla de personal de la Junta de Castilla-La Mancha se ha visto reducida en unas 10.000 plazas aproximadamente. La mejora de calidad en estos servicios va a ir de la mano de que se lleven a cabo las correspondientes ofertas de empleo público durante los próximos años, estando previsto que en 2016 la oferta de empleo público sea de 1.710 plazas.

Todos los argumentos señalados más arriba serían un simple ejercicio de comparativa interanual, incluso de crítica fácil, si no fueran acompañados de alternativas para hacer frente a esta situación. Por ello, en estas circunstancias de insuficiencia de ingresos para financiar las políticas sociales en CLM, debemos preguntarnos si hay alguna posibilidad de conseguir mayores ingresos públicos de carácter tributario. Yo entiendo que sí. Lo expondré en la próxima entrada de mi blog, que llevará el siguiente título: “Impuestos más justos en Castilla-La Mancha: mejores políticas sociales”.