El pasado domingo 31 de agosto a media tarde se anunciaban cambios en el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (ver aquí). Al día siguiente, su Presidente, justificaba los citados cambios (ver aquí).
Lo primero de todo es la normalidad con que en principio deben producirse cambios de esta naturaleza en el seno de las diferentes instancias de Gobierno. Los programas electorales que se llevan a las elecciones están para cumplirlos, y no procede exigir responsabilidades al presidente de un Gobierno por los cambios que ha llevado a cabo durante su mandato, sino por el cumplimiento del programa y por la gestión realizada en diferentes temas de carácter sobrevenido.
Desde la Presidencia de Castilla-La Mancha se ha señalado la austeridad como el motivo principal para reducir el número de Consejeros/as y altos cargos del Gobierno, por el consiguiente ahorro presupuestario que ello va a implicar y su coherencia con los tiempos de crisis económica que corren. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha aplaudido esta medida, que ya apuntó hace algún tiempo, si bien la ha tachado de insuficiente y tardía (ver aquí), algo lógico en un partido de derechas que asume a pies juntillas los postulados neoliberales de más desigualdad, más iniciativa privada y menos Estado. Personalmente, pienso que los argumentos apuntados para justificar el cambio de Gobierno son susceptibles de crítica desde posiciones de izquierda. Me explicaré. La acción política no es otra cosa más que determinar el calado y la intensidad de la intervención pública en los asuntos comunitarios. Como ejemplo (que viene al caso por aquello del origen de la actual crisis económica), la desregulación y liberalización del sector financiero internacional a la voz de la consigna de más y más beneficios ha llevado al encadenamiento de tres crisis: la inmobiliaria, la financiera y la de la economía real. Si, ya se, los cambios de gobierno que hemos mencionado no se relacionan con una mayor desregulación y liberalización, pero tampoco favorecen que el péndulo se mueva en el sentido contrario hacia el mayor control público y social de las actividades económicas. Dicho control público requiere de la sintonía y suficiencia entre la sociedad civil, las instancias de gobierno y los funcionarios públicos. Ante una crisis como la actual, no se nos pasa por la cabeza reducir el número de funcionarios en ámbitos como la sanidad, la educación, la cultura, el desarrollo rural, la energía, etc. sin embargo, como si se justificara por si mismo, no se ha dudado en minorar los responsables políticos para gestionar los mismos servicios públicos. Hay dos respuestas alternativas para ello. La primera es que hasta ahora había muchos altos cargos ineficaces e ineficientes, cuyo coste se podía sufragar sin más por estar en un período de vacas gordas. La segunda, que a pesar de su buen hacer, entendemos que son prescindibles, aunque con ello se debiliten las estructuras de control político y social de nuestra comunidad. Es la misma historia de siempre, la opinión pública generalmente acepta de buen grado más maestros, jueces o policías, porque ello va a mejorar la calidad de los servicios prestados a los/as ciudadanos/as. Sin embargo, dedicar responsables políticos liberados a esos menesteres, para acercar lo público a la ciudadanía, se entiende como un despilfarro de dinero.
Por otro lado, desde la Presidencia de Castilla-La Mancha también se ha hecho referencia a que con el nuevo Gobierno mejora la coordinación, al concentrar competencias antes dispersas en diferentes consejerías. Desde mi punto de vista, este argumento sólo puede sostenerse bajo el supuesto de que la concentración del poder permite tener una mejor y más completa visión de la realidad y por consiguiente ello favorece la calidad de la toma de decisiones. Otro supuesto más que discutible, ya que se basa en los viejos postulados de la democracia representativa y el autoritarismo, según los cuales, los gobernantes elegidos en las urnas tienen la potestad de hacer y deshacer a su antojo durante 4 años por el simple hecho de haber ganado unas elecciones. Frente a ello, el presente y el futuro se llama democracia participativa, que anima e invita a los ciudadanos/as y colectivos sociales a participar día a día en la toma de decisiones y en el control de la gestión pública. Muchos municipios de Castilla-La Mancha (con más o menos éxito) ya saben lo que es la participación ciudadana en sus Ayuntamientos. Por el contrario, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cree poco en esto. ¿Y qué tiene esto que ver con el cambio de Gobierno aludido? Pues que como se decía más arriba, la reorganización-concentración de competencias esconde una flagrante absorción y subordinación de áreas como Desarrollo Rural y Medio Ambiente, continuando con lo sucedido en los últimos años. Creo que si en esta región hay dos temas con suficiente entidad y trascendencia social para constituirse en Consejerías independientes y centrales, esos son los que acabo de mencionar (incluyendo las competencias sobre agua en Medio Ambiente). La concentración de competencias que favorece la “coordinación”, conlleva también como efectos laterales la “pérdida de entidad e identidad” de determinadas áreas así como su “contaminación y desnaturalización” al mezclarse con otras áreas, Agricultura e Industria, respectivamente, cuyos objetivos reales no son complementarios.
Los momentos actuales de profunda crisis sistémica en los ámbitos ambiental, económico y social deberían ser aprovechados para apostar por cambios estructurales profundos capaces de quebrar la tendencia capitalista neoliberal que desde hace tiempo se ha convertido en una senda plagada de peligros y de injusticias para la mayoría (desigualdad social, crisis alimentaria, armamentismo belicista, destrucción de la Naturaleza, poder absoluto de las transnacionales).
Lo primero de todo es la normalidad con que en principio deben producirse cambios de esta naturaleza en el seno de las diferentes instancias de Gobierno. Los programas electorales que se llevan a las elecciones están para cumplirlos, y no procede exigir responsabilidades al presidente de un Gobierno por los cambios que ha llevado a cabo durante su mandato, sino por el cumplimiento del programa y por la gestión realizada en diferentes temas de carácter sobrevenido.
Desde la Presidencia de Castilla-La Mancha se ha señalado la austeridad como el motivo principal para reducir el número de Consejeros/as y altos cargos del Gobierno, por el consiguiente ahorro presupuestario que ello va a implicar y su coherencia con los tiempos de crisis económica que corren. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha aplaudido esta medida, que ya apuntó hace algún tiempo, si bien la ha tachado de insuficiente y tardía (ver aquí), algo lógico en un partido de derechas que asume a pies juntillas los postulados neoliberales de más desigualdad, más iniciativa privada y menos Estado. Personalmente, pienso que los argumentos apuntados para justificar el cambio de Gobierno son susceptibles de crítica desde posiciones de izquierda. Me explicaré. La acción política no es otra cosa más que determinar el calado y la intensidad de la intervención pública en los asuntos comunitarios. Como ejemplo (que viene al caso por aquello del origen de la actual crisis económica), la desregulación y liberalización del sector financiero internacional a la voz de la consigna de más y más beneficios ha llevado al encadenamiento de tres crisis: la inmobiliaria, la financiera y la de la economía real. Si, ya se, los cambios de gobierno que hemos mencionado no se relacionan con una mayor desregulación y liberalización, pero tampoco favorecen que el péndulo se mueva en el sentido contrario hacia el mayor control público y social de las actividades económicas. Dicho control público requiere de la sintonía y suficiencia entre la sociedad civil, las instancias de gobierno y los funcionarios públicos. Ante una crisis como la actual, no se nos pasa por la cabeza reducir el número de funcionarios en ámbitos como la sanidad, la educación, la cultura, el desarrollo rural, la energía, etc. sin embargo, como si se justificara por si mismo, no se ha dudado en minorar los responsables políticos para gestionar los mismos servicios públicos. Hay dos respuestas alternativas para ello. La primera es que hasta ahora había muchos altos cargos ineficaces e ineficientes, cuyo coste se podía sufragar sin más por estar en un período de vacas gordas. La segunda, que a pesar de su buen hacer, entendemos que son prescindibles, aunque con ello se debiliten las estructuras de control político y social de nuestra comunidad. Es la misma historia de siempre, la opinión pública generalmente acepta de buen grado más maestros, jueces o policías, porque ello va a mejorar la calidad de los servicios prestados a los/as ciudadanos/as. Sin embargo, dedicar responsables políticos liberados a esos menesteres, para acercar lo público a la ciudadanía, se entiende como un despilfarro de dinero.
Por otro lado, desde la Presidencia de Castilla-La Mancha también se ha hecho referencia a que con el nuevo Gobierno mejora la coordinación, al concentrar competencias antes dispersas en diferentes consejerías. Desde mi punto de vista, este argumento sólo puede sostenerse bajo el supuesto de que la concentración del poder permite tener una mejor y más completa visión de la realidad y por consiguiente ello favorece la calidad de la toma de decisiones. Otro supuesto más que discutible, ya que se basa en los viejos postulados de la democracia representativa y el autoritarismo, según los cuales, los gobernantes elegidos en las urnas tienen la potestad de hacer y deshacer a su antojo durante 4 años por el simple hecho de haber ganado unas elecciones. Frente a ello, el presente y el futuro se llama democracia participativa, que anima e invita a los ciudadanos/as y colectivos sociales a participar día a día en la toma de decisiones y en el control de la gestión pública. Muchos municipios de Castilla-La Mancha (con más o menos éxito) ya saben lo que es la participación ciudadana en sus Ayuntamientos. Por el contrario, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cree poco en esto. ¿Y qué tiene esto que ver con el cambio de Gobierno aludido? Pues que como se decía más arriba, la reorganización-concentración de competencias esconde una flagrante absorción y subordinación de áreas como Desarrollo Rural y Medio Ambiente, continuando con lo sucedido en los últimos años. Creo que si en esta región hay dos temas con suficiente entidad y trascendencia social para constituirse en Consejerías independientes y centrales, esos son los que acabo de mencionar (incluyendo las competencias sobre agua en Medio Ambiente). La concentración de competencias que favorece la “coordinación”, conlleva también como efectos laterales la “pérdida de entidad e identidad” de determinadas áreas así como su “contaminación y desnaturalización” al mezclarse con otras áreas, Agricultura e Industria, respectivamente, cuyos objetivos reales no son complementarios.
Los momentos actuales de profunda crisis sistémica en los ámbitos ambiental, económico y social deberían ser aprovechados para apostar por cambios estructurales profundos capaces de quebrar la tendencia capitalista neoliberal que desde hace tiempo se ha convertido en una senda plagada de peligros y de injusticias para la mayoría (desigualdad social, crisis alimentaria, armamentismo belicista, destrucción de la Naturaleza, poder absoluto de las transnacionales).
2 comentarios:
En Francia, con gobierno de derechona, en lugar de eliminar Ministerios de Medio Ambiente, (consejerías no que son muy centralistas), tienen una Vicepresidencia de Medio Ambiente, dado el carácter transversal de lo ambiental. Mira que tenernos que mirar en Sarkosy como ejemplo, adonde vamos a llegar.
cuando vuelves a Bruselas y te cuento?
EUti
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