A veces, los gobiernos son el problema. En vez de cuidar y
abrir alamedas para personas libres, conducen a callejones sin futuro. Sólo por
favorecer a corto plazo los beneficios de grandes empresas. Desde el sector financiero
hasta la agroindustria, pasando por pelotazos urbanísticos y la privatización
de servicios públicos.
No hay otra opción. La gente y los pueblos tienen que
movilizarse para defender lo público y lo comunitario. La historia reciente de
Castilla-La Mancha está salpicada de estas luchas sociales, que no han estado
lideradas por partidos políticos, sindicatos u organizaciones agrarias. Han
surgido de la preocupación y la toma de conciencia de la ciudadanía.
Las personas mayores salieron a la calle contra el intento
de cerrar las urgencias nocturnas de determinados centros de salud en el ámbito
rural. Las mareas verde y blanca denunciaron (y en ello siguen) los recortes en
la educación y la sanidad pública. El colectivo de trabajadores/as interinos/as
de la Junta de Comunidades ganó en los tribunales lo que se les arrebató por
decreto. Las comarcas objetivo de las tierras raras, del fracking o del cementerio nuclear salieron masivamente a la calle
para desterrar esas prácticas de sus campos, que condenaría lo único que
tienen: sus cosechas y sus ganados.
Hoy, al amparo de ayudas económicas establecidas por el
Gobierno de Castilla-La Mancha con fondos de la Unión Europea, las macrogranjas
de porcino ligadas a grandes empresas del sector cárnico, intentan expandirse
por todas las provincias de Castilla-La Mancha. Mucha gente teme fundadamente que
los impactos ambientales asociados a estas instalaciones deterioren el aire, el
agua y el suelo de sus pueblos. Ante su petición de información y debate transparente
en actos públicos, algunos ayuntamientos cierran sus puertas a cal y canto,
contribuyendo así a una bella metáfora: la calle y no las instituciones son el
lugar privilegiado para impulsar los cambios sociales.
Ante las plataformas contra las macrogranjas de porcino que
están proliferando por toda la región, que piden repensar la conveniencia de
este tipo de industrias en nuestro medio rural, la administración regional mantiene
monolítica su postura a favor de estas instalaciones.
El Gobierno de Castilla-La Mancha asume los principios del
despotismo ilustrado, donde los gobernantes afirman regirse por los intereses
del pueblo al tomar sus decisiones, pero no cuentan con éste en aquellos casos
donde hay un clamor contrario a sus políticas. El actual gobierno regional
actuó al principio, sin complejos, como el principal valedor de la empresa minera
que quería explotar las tierras raras del Campo de Montiel. Luego, la presión
social le obligó a dar marcha atrás. Ahora, con las macrogranjas, lleva el
mismo camino. En vez de actuar rápido de reflejos, y ponerse desde el principio
del lado de la gente que defiende su tierra, sigue flirteando con empresas de
dudosa responsabilidad social corporativa en lo que toca a su impacto ambiental
negativo.
Hay dos cosas peores que tomar decisiones equivocadas. Una,
persistir en ellas por creer que no hay mejores alternativas. Dos, no enmendarlas
por preferir servir antes a empresas particulares que al interés general.
Aire, agua y suelo, porque no es otra cosa la vida.
1 comentario:
muy bien Goyo una vez más. Aunque veo una errata, eufemismo o desliz en la primera frase de tu texto que resume todo lo demás, y así mismo otros tantos articulos tuyos y de muchas más:
Donde pone "a veces los gobiernos son el problema" sobra "a veces".
salud
carlos
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