Creo que la participación política en el ámbito de lo público no tiene otro interés más allá que el de romper las concentraciones de poder. En esta nueva etapa de transición ecosocial en que estamos inmersos/as toca institucionalizar que el pueblo tome directamente las decisiones y ejerza el control posterior sobre las mismas. Toca desconcentrar el poder. La utopía realizable e inaplazable es la democracia participativa directa autogestionaria.
La democracia representativa formal (que no real), que hoy sigue imperando en muchos ámbitos de representación pública y asociativa, forma parte de un pasado que toca enterrar.
No obstante, en el ámbito municipal es preciso ser conscientes del muy escaso margen de maniobra de los Ayuntamientos para la gestión independiente de su presupuesto. La autonomía municipal en España es una asignatura pendiente que nadie se esfuerza en superar.
Los municipios tienen un papel residual y dependiente respecto de Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Los municipios antes dependían de señores feudales y caciques que ejercían su poder con la coerción de la fuerza y el clientelismo. Ahora dependen de gobiernos centrales, autonómicos y provinciales amparados por leyes que encorsetan y no liberan: el clientelismo sigo vivo.
La autonomía local no será tal mientras los municipios sigan dependiendo para prestar servicios de financiación condicionada, cambiante, temporal, costosa de gestionar e insuficiente, instrumentada a través de convocatorias de subvenciones y convenios unilateralmente decididos.
¿Qué sentido tiene que las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas convoquen anualmente subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos para financiar servicios de lo más variopinto? Todo sería más sencillo y justo si esos fondos que reciben con una mano las Diputaciones y las Comunidades Autónomas y entregan con la otra a los municipios, llegaran directamente a los Ayuntamientos para que en el ejercicio de su autonomía los dedicaran allí donde estimasen oportuno.
Las haciendas locales no disponen de medios suficientes para llevar a cabo las funciones que la Ley les atribuye. La ausencia de recursos propios se sustituye por subvenciones graciables en su concesión, condicionadas a determinados fines, que no garantizan la continuidad y regularidad de la prestación de los servicios públicos. Esto hay que decirlo, repetirlo y subrayarlo.
Hay algo más importante que la reforma de los estatutos de autonomía que ha copado y copará la agenda política española: la reforma del gobierno y la financiación local. En los últimos tiempos, en vez de avanzar se ha retrocedido. En diciembre de 2013 se aprobó la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley Montoro), que reformaba la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, machacando más aún la situación de dependencia y subordinación de las administraciones locales.
No existe interés alguno en cambiar el actual orden de cosas por parte de quienes se benefician del mismo, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Y lo que es peor, desde muchos municipios esta situación se admite como normal o se acepta con resignación.
Además, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011 limitó aún más la política fiscal de los municipios (gastos e ingresos tributarios), teniendo que cumplir éstos a rajatabla con el pago de la deuda, utilizando el posible superávit que pudiera generarse para adelantar la amortización de préstamos anteriormente concertados. Así se hace muy complicado avanzar en la consecución de objetivos programáticos de carácter ecológico y social.
Mientras llega una financiación suficiente que supere el dogma neoliberal de la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, hay que hambrear en los ayuntamientos reordenando gastos hacia aquellas partidas que se consideren prioritarias desde otras que estime prescindibles. Y para no asfixiarse, acometer la actualización de tipos impositivos y tasas municipales con criterios de progresividad, es decir, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a los contribuyentes con mayor renta y riqueza.
Y todo porque una administración atada de pies y manos, como ahora mismo son los ayuntamientos, es más dócil y servil con las “manos que le dan de comer”.
La democracia representativa formal (que no real), que hoy sigue imperando en muchos ámbitos de representación pública y asociativa, forma parte de un pasado que toca enterrar.
No obstante, en el ámbito municipal es preciso ser conscientes del muy escaso margen de maniobra de los Ayuntamientos para la gestión independiente de su presupuesto. La autonomía municipal en España es una asignatura pendiente que nadie se esfuerza en superar.
Los municipios tienen un papel residual y dependiente respecto de Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Los municipios antes dependían de señores feudales y caciques que ejercían su poder con la coerción de la fuerza y el clientelismo. Ahora dependen de gobiernos centrales, autonómicos y provinciales amparados por leyes que encorsetan y no liberan: el clientelismo sigo vivo.
La autonomía local no será tal mientras los municipios sigan dependiendo para prestar servicios de financiación condicionada, cambiante, temporal, costosa de gestionar e insuficiente, instrumentada a través de convocatorias de subvenciones y convenios unilateralmente decididos.
¿Qué sentido tiene que las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas convoquen anualmente subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos para financiar servicios de lo más variopinto? Todo sería más sencillo y justo si esos fondos que reciben con una mano las Diputaciones y las Comunidades Autónomas y entregan con la otra a los municipios, llegaran directamente a los Ayuntamientos para que en el ejercicio de su autonomía los dedicaran allí donde estimasen oportuno.
Las haciendas locales no disponen de medios suficientes para llevar a cabo las funciones que la Ley les atribuye. La ausencia de recursos propios se sustituye por subvenciones graciables en su concesión, condicionadas a determinados fines, que no garantizan la continuidad y regularidad de la prestación de los servicios públicos. Esto hay que decirlo, repetirlo y subrayarlo.
Hay algo más importante que la reforma de los estatutos de autonomía que ha copado y copará la agenda política española: la reforma del gobierno y la financiación local. En los últimos tiempos, en vez de avanzar se ha retrocedido. En diciembre de 2013 se aprobó la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley Montoro), que reformaba la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, machacando más aún la situación de dependencia y subordinación de las administraciones locales.
No existe interés alguno en cambiar el actual orden de cosas por parte de quienes se benefician del mismo, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Y lo que es peor, desde muchos municipios esta situación se admite como normal o se acepta con resignación.
Además, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011 limitó aún más la política fiscal de los municipios (gastos e ingresos tributarios), teniendo que cumplir éstos a rajatabla con el pago de la deuda, utilizando el posible superávit que pudiera generarse para adelantar la amortización de préstamos anteriormente concertados. Así se hace muy complicado avanzar en la consecución de objetivos programáticos de carácter ecológico y social.
Mientras llega una financiación suficiente que supere el dogma neoliberal de la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, hay que hambrear en los ayuntamientos reordenando gastos hacia aquellas partidas que se consideren prioritarias desde otras que estime prescindibles. Y para no asfixiarse, acometer la actualización de tipos impositivos y tasas municipales con criterios de progresividad, es decir, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a los contribuyentes con mayor renta y riqueza.
Y todo porque una administración atada de pies y manos, como ahora mismo son los ayuntamientos, es más dócil y servil con las “manos que le dan de comer”.
4 comentarios:
Buenos días Goyo, y gracias por compartir estas reflexiones para quienes por una razón u otra nunca acertamos a asistir a estas (y otras muchas) ponencias.
Quería plantearte una reflexión y una pregunta. Primero la pregunta:
- Veo en tu presentación que hablas de presupuestos participativos, pero no de cambios de procedimiento allá donde tuvieran cabida. Por ejemplo, y lamento si sueno cansino con esto, la utilización de matrices del Bien Común a la hora de priorizar proyectos – lo que es tarea política – pero también a la hora de verificar documentación de proyectos en concursos con el fin de evitar ampliaciones presupuestarias. ¿Hasta qué punto crees que estos cambios en procedimientos podrían mejorar la eficiencia inversora de los ayuntamientos sin necesidad de esperar a rectificaciones legislativas?
Y aquí la sugerencia:
- Los proyectos presentados por y a los ayuntamientos adolecen mucha vez de improvisación y falta de rigor presupuestario, de forma que una presunta buena idea puede convertirse fácilmente en un déficit doloroso. Creo que faltaría la elaboración de metodologías en los ayuntamientos del cambio, de forma que los proyectos emanados del consistorio fueron más sólidos, pero sobre todo que la gente que desee llevar a cabo un proyecto en el marco de los presupuestos participativos haya reflexionado y documentado debidamente la propuesta, para evitar frustraciones posteriores y acusaciones a los ayuntamientos del cambio. Hay figuras en la literatura de gestión en este sentido que podrían ser utilizadas, pero son ampliamente ignoradas por los propios ayuntamientos. Esto requiere pedagogía interna y externa, pero es barato y no requiere de la autorización de otras administraciones, más o menos obsoletas e ineficientes.
Gracias de nuevo y saludos.
Buenos días Vicente. Como siempre, muchas gracias por tus comentarios.
Respecto a tu pregunta. Totalmente de acuerdo. Valorar procesos de adjudicación de infraestructuras públicas o servicios de esta misma naturaleza debe de ir más allá de “la mejor oferta económica”. Citas al final de tu pregunta el término “eficiencia”, que claro, según el calificativo que lo acompañe puede significar cosas distintas. Podemos referirnos a eficiencia monetaria, a eficiencia ambiental, a eficiencia social, a eficiencia territorial…Lo ideal sería que ponderásemos en su justa medida (mediante procesos participativos) las implicaciones de cada uno de dichos adjetivos. Las matrices del bien común van por ahí, cuantificando y valorando determinados ítems para determinar las bondades de una determinada actividad humana.
Y al hilo de tu sugerencia, nada que añadir. Los presupuestos participativos en la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades son una novedad. Un terreno inexplorado y una forma diferente de hacer las cosas. No podemos acercarnos a ellos con los mismos principios con que se aborda un presupuesto convencional en una empresa privada o en una administración
Buenas tardes Goyo. Veo que no me he explicado con demasiada claridad, así que déjame que lo haga con un ejemplo. En Villarrobledo decidieron en junio convocar un festival motero, asumo que con la presunción de reutilizar los espacios del Viña Rock. El festival iba a costarle a las administraciones públicas unos 35.000€ con un déficit previsto de 2.262,16€ a cargo del ayuntamiento. Los ingresos esperados por taquilla, tasas, etc iban a ser de 68.332,23€.
El resultado real fue que el monto de la inversión pública alcanzó 40.000€, pero los ingresos generados por el festival cayeron a 29.171,12€, lo que deja finalmente el déficit real a cubrir por el municipio en 22.637,06€. El 1.000% de lo esperado, y eso contando con una disminución del 11,2% de lo presupuestado en los gastos.
(NOTA: muchas gracias a las bravas gentes de Se Puede Villarrobledo por el ejercicio de transparencia, pese al intento de apagón de la alcaldía).
Bien, ahora es cuando me pregunto:
- ¿Cuál era el retorno de la inversión esperado, si ni siquiera en sus expectativas se esperaba beneficio? En este caso, como en la mayoría de los grandes proyectos, da igual el criterio utilizado para calcular la eficiencia. Desde el principio era obvio que no tenía sentido financieramente, del bien común ni hablamos.
- ¿Qué metodología presupuestaria utilizaron que ni siquiera se aproximó remotamente a la realidad? Una desviación de -31,6% en los ingresos es mucho más que un simple error, es improvisación.
A esto me refería con la eficiencia inversora - el tipo de retorno a medir dependerá de los objetivos del proyecto – que, al menos, siempre debería conseguir valores positivos en Bien Común.
En cuanto a la metodología, no sé quién preparó los presupuestos pero creo que debería irse aproximando a la Tierra que ya va haciendo fresco para flotar en las nubes.
Saludos.
NB: Es posible consultar los números en https://www.facebook.com/sepuedevillarrobledo/posts/1669152103399300:0
Hola de nuevo Vicente.
Dos cosas.
Primera. Está claro que las previsiones presupuestarias del ayuntamiento con el festival motero que refieres no fueron demasiado finas, je, je.
Segunda. Cualquier actividad que lleve a cabo una administración pública debe justificarse por su interés social (bien común del que tú hablas). Puede que incluso su resultado monetario (ingresos menos gastos) sea negativo, y ello no tendría porque poner en cuestión su celebración, siempre que su interés social lo justifique. Corresponde llevar a cabo un proceso de participación ciudadana transparente y argumentado para determinar hasta qué punto determinadas políticas públicas merecen la pena. No se si se hizo esto con carácter previo para el mencionado festival.
Afortunadamente, compañeros/as como los de SPV y otros grupos políticos municipales en multitud de ayuntamientos están cuestionando con buen criterio determinadas políticas que por inercia se vienen ejecutando con demasiada alegría y escasa razón desde hace años.
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