Cambia todo en
este mundo.
Cambia, todo
cambia.
Desde la primera mitad del
siglo XIX las Diputaciones Provinciales han venido colaborando con los ayuntamientos
para garantizar la prestación de los servicios de competencia municipal a
través de la cooperación jurídica, económica y técnica.
Lo primero de todo es
reconocer en su justa medida la labor histórica de las Diputaciones
Provinciales, de sus responsables políticos y de sus trabajadores/as. Para acto
seguido, pensar por dónde debería transitar el futuro inmediato de estas
instituciones. A este respecto, determinados partidos políticos abogan por
suprimirlas de una manera ordenada y no traumática, llevando a cabo una reorganización
administrativa de sus competencias y personal entre los municipios y las
Comunidades Autónomas. Si se hace bien, respecto a la calidad y garantía en la
prestación de servicios públicos, no tendría porqué suponer ningún efecto
negativo. Incluso se podrían ahorrar recursos al no tener que sufragar
importantes costes en materia de remuneración de Diputados/as Provinciales y
sus respectivos equipos de asesores y personal de confianza. Desgraciadamente,
los partidos políticos tradicionales en demasiadas ocasiones han utilizado y
siguen utilizando las Diputaciones Provinciales como vía para “colocar” personas
afines, a través de mecanismos clientelares, incluso corruptos.
¿Qué sentido
tiene que competencias en materia de servicios sociales, juventud, deporte,
obras públicas, educación, cultura, medio ambiente, consumo, sanidad,… se
encuentren duplicadas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las
cinco Diputaciones Provinciales de la región? ¿No sería mucho más eficiente y eficaz
evitar dichas duplicidades competenciales en favor de la Junta de Comunidades
por tenerlas recogidas en el Estatuto de Autonomía?
El programa autonómico con
el que Podemos ha concurrido a las recientes elecciones autonómicas en
Castilla-La Mancha dice en su punto 144. “Abrir el debate sobre la
funcionalidad de las Diputaciones Provinciales y la posibilidad de su
sustitución por otras fórmulas territoriales como las comarcas, agrupaciones o
mancomunidades que garanticen una mayor eficiencia en el suministro de
servicios y frenen la corrupción histórica y las fórmulas clientelares ligadas
a las Diputaciones”.
Tras el acuerdo de
investidura para la presidencia de CLM entre Podemos y el PSOE, y en la medida en
que tres de las cinco diputaciones provinciales de la región están gobernadas
por el PSOE, puede ser un buen momento para comenzar a abordar este asunto y superar
el actual modelo que posterga a los municipios a un papel residual y
dependiente respecto de Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central.
Desde mi punto de vista, esta es una de las principales asignaturas pendientes casi
40 años después de la aprobación de la Constitución Española.
Los municipios antes
dependían de señores feudales, señoritos y caciques que ejercían el poder con
la coerción de la fuerza y la riqueza. Ahora dependen de gobiernos centrales,
autonómicos y provinciales amparados por leyes que encorsetan y no liberan. Los
municipios están supeditados para prestar servicios a una financiación cambiante,
temporal e insuficiente, instrumentada a través de convocatorias de
subvenciones y convenios, graciables en su concesión, condicionadas en su
destino y no garantizadoras de la continuidad y regularidad de la prestación de
los servicios públicos.
Las Diputaciones
Provinciales y la Junta de Castilla-La Mancha no deberían ser financiadoras de
municipios a través de subvenciones, sino administraciones colaboradoras que
aporten a las competencias municipales solvencia técnica, intercambio de
información y economías de escala. Por tanto, los recursos económicos que hasta
ahora reciben las Diputaciones y Comunidades Autónomas para financiar las
variadas obras y servicios que se ejecutan y prestan en los municipios,
deberían llegar directamente a éstos. Hay que abordar la comarcalización
política y administrativa de nuestra tierra y desplazar allí los servicios
destinados al medio rural que todavía están concentrados en la capital de
provincia o las cabeceras comarcales.
¿Qué sentido tiene que las Diputaciones convoquen
anualmente subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos para financiar
Universidades Populares, escuelas de música, gastos sanitarios en festejos taurinos,
gastos derivados de la organización de pruebas deportivas, materiales del Plan
Especial de Empleo, compra de instrumentos musicales, obras en instalaciones
deportivas, clubes de lectura, etc.? Todo sería más sencillo si esos fondos que
reciben con una mano las Diputaciones y entregan con la otra a los municipios,
llegaran directamente a los Ayuntamientos.
¿Qué sentido tiene que las Comunidades Autónomas
realicen convocatorias anuales de subvenciones finalistas insuficientes para
financiar servicios y obras de los Ayuntamientos tales como talleres de empleo,
planes concertados de servicios sociales, educación de adultos, programas
contra la drogodependencia, oficinas municipales de información al consumidor,
centros de día, residencias de mayores, monitores deportivos, fomento del
voluntariado, programas de integración social, teatros, albergues de
transeúntes, guarderías, etc? A
necesidades permanentes, financiación estable, suficiente y no condicionada.
¿Qué se está
haciendo frente a esta situación? Nada, y así se falta al respeto cada día que
pasa a la ciudadanía, a los/as concejales/as y a los/as alcaldes/as que siguen intentando
cuadrar cuentas imposibles. Hasta ahora no ha existido interés en cambiar el actual orden de cosas por parte
de quienes se benefician del mismo. ¿Será también así en el ciclo político que
se está abriendo en estos momentos?.
NOTA: Algunas de las ideas señaladas más arriba fueron
expuestas originalmente en la Mesa redonda “Presupuestos participativos”,
dentro del ciclo de conferencias “PENSAR LA CIUDAD” organizadas por el Ateneo
Cultural de CC.OO Castilla y León, en León,
el 7 de abril de 2011. La presentación que utilicé se puede descargar en el
siguiente enlace
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