EL PRECIO DE LA UVA Y LA DIGNIDAD DE LAS GENTES DEL CAMPO

La semana pasada en Villarrobledo, convocados por las organizaciones agrarias, los/as viticultores/as llevaron a cabo una jornada de protesta ante los bajos precios fijados para la uva por parte de las principales bodegas de la región. Unos precios que no permiten cubrir los costes de producción, y que de continuar en esos niveles condenarían a desaparecer a buena parte de los/as viticultores/as de Castilla-La Mancha.

 

Las políticas de apoyo a la agricultura han existido desde siempre. Los gobiernos de diferentes ideologías las han aplicado para garantizar alimentos suficientes a un precio razonable. Por el carácter básico de la necesidad de alimentación, el conjunto de la ciudadanía ha visto con buenos ojos que dinero público se destine a proporcionar unas rentas mínimas a las gentes del campo y de paso fijar a la población en el medio rural. Los mercados de alimentos han estado tradicionalmente muy regulados por los gobiernos, y a través del mecanismo de los precios garantizados han incentivado cultivos deficitarios y penalizado cultivos excedentarios.

 

Pero todo este entramado de políticas públicas que reconocían el trabajo de las mujeres y hombres del campo, se viene abajo cuando comienza la expansión de la era de la globalización en las últimas dos décadas. Desde incluso antes hasta ahora, el gran capital (las grandes compañías del agronegocio) se han encargado de propagar a los cuatro vientos el mito de que la “liberalización comercial” es la política más conveniente para la buena marcha de todos los sectores productivos, incluida la agricultura y la ganadería. Así, a la par que se reducía la presencia del Estado en la regulación de los mercados agrarios, aumentaba el poder de las grandes corporaciones, que han manejado los alimentos del mundo como una mercancía cualquiera, especulando sin ningún criterio de justicia social, buscando sólo maximizar sus beneficios monetarios a corto plazo, aunque ello sea a costa del hambre de la gente en países empobrecidos o de la expulsión de población de nuestro mundo rural. La agricultura/ganadería tradicional familiar, respetuosa con el medio ambiente y garante de la soberanía alimentaria de los pueblos, ha sido marginada y desprestigiada.

 

Aunque el mantenimiento de la población rural es un argumento recurrente al justificar la necesidad de una política agraria pública, la  realidad camina en el sentido contrario. El envejecimiento y el abandono de nuestros pequeños pueblos y aldeas sigue una tendencia regresiva continuada. Es decir, la política agraria y el resto de políticas de desarrollo rural se están manifestando como un rotundo fracaso. Bueno, salvo para el Consejero de Educación de Castilla-La Mancha quien considera un paso en la buena dirección el cierre de colegios públicos en pequeños pueblos de esta región.

 

En los últimos dos lustros, aunque en Castilla-La Mancha se ha reducido la superficie de viñedo desde las 565.000 hasta las 465.000 hectáreas (gracias a subvenciones al arranque de viñas), a la par se ha producido un aumento considerable de la superficie de viña en regadío y de la cultivada en espaldera (gracias igualmente a subvenciones a la plantación de viñas), por lo que en conjunto, se ha producido un aumento de su capacidad productiva. Como el consumo interno de vino sigue una tendencia decreciente imparable, la evolución de los mercados exteriores junto con las variaciones en la cosecha de uva van a ser fundamentales para explicar el precio del vino y de la uva, de manera que ante situaciones de caída en la demanda por parte de los principales países importadores o de grandes cosechas, los precios van a tender a la baja. Los grandes grupos exportadores privados del vino español, debido a su gran dimensión y poder de mercado, para mantener sus beneficios intactos trasladan a los pequeños productores el coste del ajuste vía menor remuneración de la uva. Eso es la globalización: los grandes siempre cargan los costes a los pequeños.

 

Ante situaciones de exceso de oferta de vino como la que tenemos en la actualidad, la lógica del libre mercado y la globalización señala que el ajuste se debe producir vía caída de los precios, asestando así un golpe mortal a los productores de uva, especialmente a los más pequeños, que tienen más complicado mecanizar sus explotaciones para hacerlas más competitivas. Y es que, la política agraria no está pensada para pequeños y medianos productores. Las subvenciones de ésta son acaparadas por las grandes fincas, propiedad de rentistas que en la mayor parte de los casos tiene fijada su residencia en las grandes ciudades. Por su parte, los hombre y mujeres que pisan gasones y se suben al tractor día tras día, tienen una lucha permanente con papeles y más papeles, para más gloria de multinacionales de fertilizantes, pesticidas y semillas.

 

La agricultura es una actividad mucho más compleja que plantar aquello que se subvenciona. Al desarrollarse en el seno de la Naturaleza y de nuestros pequeños pueblos, hay que tener muy presente los impactos ambientales y sociales de ésta. Los gobiernos deben evitar políticas de bandazos e incongruencias financiadas con dinero público. Las políticas de aumento de la producción de uva seguidas en Castilla-La Mancha en las últimas décadas, sin discriminar entre agricultores/as profesionales y empresas con fines especulativos, están dando ahora unos frutos de sobreproducción y expulsión de pequeños y medianos viticultores/as. La mejor solución según la Presidenta de Castilla-La Mancha en el pasado Debate sobre el Estado de la Región es la destilación obligatoria sin ayudas y el consiguiente hundimiento de unos precios de la uva ya exiguos. Este es el mercado que quiere el PP, dominado por sus amiguetes de grandes corporaciones, pisoteados los/as pequeños/as agricultores/as. Una vez más, caciques y jornaleros/as.