El próximo martes 9 de junio se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLM en Albacete un Seminario sobre “DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBILIDAD”, organizado por el Área de Economía Regional y Hacienda Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UCLM)
A las 18 horas hay una Mesa de debate en la que participo, con el título “Los desafíos del desarrollo sostenible en el ámbito local”.
A las 18 horas hay una Mesa de debate en la que participo, con el título “Los desafíos del desarrollo sostenible en el ámbito local”.
Aquí adelanto las ideas y los argumentos que expondré allí.
Si hablamos de desafíos en el mundo rural, si nos preocupan algunas cosas que no van bien, necesariamente tenemos que plantear políticas públicas para afrontarlos.
Lo primero de todo es una cuestión conceptual. El término “desarrollo sostenible” que nace en un determinado contexto histórico ha sido usado hasta la saciedad y apropiado sin el menor rubor para transmitir las bondades para el medio ambiente de determinados procesos productivos o pautas de consumo tan solo añadiendo al sustantivo, sin más, un adjetivo calificativo de común aceptación y predicamento.
Las limitaciones que la escasez de recursos y el exceso de residuos ponían a la viabilidad del crecimiento económico ilimitado, se respondió forzando la meta del desarrollo con el calificativo de sostenible.
¿Qué desafíos tienen ante sí nuestros pueblos en Albacete y en Castilla-La Mancha para salir de la actual dinámica empobrecedora en lo social y lo económico, y depredadora en el uso de los recursos naturales?
Me explicaré. Entiendo que un territorio se empobrece social y económicamente cuando confluyen dos hechos: la pérdida acelerada de población y el abandono de las actividades económicas arraigadas y adaptadas a las peculiaridades del mismo (agricultura, ganadería, selvicultura). Además, buena parte de las actividades que se desarrollan en nuestros pueblos contribuyen a agravar el ya preocupante deterioro ambiental del planeta (ineficiencia energética de la agricultura moderna, apuesta por el transporte privado e individual de personas y mercancías).
Sin más dilación, paso a enumerar y concretar los desafíos que he comentado, y que hoy por hoy hacen que el futuro de nuestros pueblos no sea precisamente esperanzador:
1) La agricultura y la ganadería caminan despistadas, tras los señuelos de la mecanización a ultranza y la rentabilidad económica, aún a costa de cargarse la fertilidad natural del suelo como consecuencia de métodos de producción intensivos. Las políticas públicas en este ámbito se limitan a asumir a pies juntillas las directrices que vienen de la Política Agraria Común (PAC) de la UE y de la Organización Mundial de Comercio, cuyos ejes prioritarios giran alrededor de la liberalización de los mercados a favor de las grandes multinacionales del agronegocio. Como ejemplo, Castilla-La Mancha, y en especial Albacete, están en los puestos de cabeza del cultivo de variedades transgénicas en España, que es lo mismo que decir Europa.
El objetivo último de la política agraria debería ser el mantenimiento de las rentas de los agricultores a título principal, evitando el despoblamiento rural y utilizando procesos productivos respetuosos con el medio. Para ello debe instrumentarse un trato diferencial por regiones en función de sus condiciones físicas y sociales, desterrando la homogeneidad. La actual PAC sigue discriminando en favor de las regiones más ricas, las que mayores rendimientos tienen como consecuencia de sus favorables condiciones naturales, niveles de mecanización, fertilización e irrigación- y de las explotaciones más grandes, pues las ayudas son función de los rendimientos previos y del número de hectáreas de la explotación.
La agricultura es una disciplina mucho más compleja que la de plantar aquellos cultivos que se subvencionan o que tienen precios atractivos en los mercados mundiales. Es preciso analizar las características agronómicas, hidrológicas, climáticas, culturales y sociales antes de lanzarse en brazos de la rentabilidad monetaria. El futuro ya se llama soberanía alimentaria, derecho de los pueblos a producir ellos mismos sus propios alimentos y no depender de un mercado inestable e incluso especulativo para garantizar un derecho básico de la ciudadanía.
2) La movilidad de personas y mercancías en nuestra sociedad en general y en el mundo rural en particular se sigue basando en prácticas y medios agresivos con el medio ambiente, además de resultar manifiestamente insuficiente en el medio rural. Se considera que existen buenas comunicaciones por el simple hecho de que existan infraestructuras de comunicación masiva entre las principales ciudades de la región y con ciudades de comunidades autónomas limítrofes (autovías, líneas de tren de alta velocidad). Pero eso no es así. Tal proliferación de infraestructuras de elevado impacto ambiental contrasta con una raquítica red de transporte intraprovincial e intracomarcal, que en los últimos años se encuentra en franco retroceso, con servicios públicos de viajeros que cada vez cubren menos rutas y con menor frecuencia. Por ello, para determinadas personas que carecen de transporte privado por motivos de edad (jóvenes, mayores), por convicciones (desean evitar contaminación y riesgo) o por motivos económicos, vivir en los pueblos se hace cada vez más difícil al impedir o encarecer el acceso a servicios esenciales como la sanidad, el comercio, la cultura, las gestiones administrativas,…
3) La tendencia de los últimos años ha definido una distribución de la población en el territorio de Castilla-La Mancha y la provincia de Albacete que en nada favorece un desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio. Todo lo contrario. En el caso de nuestra provincia, la ciudad de Albacete y no más de 10 municipios (entre ellos las cabeceras de comarca) han ganado población, especialmente Albacete, a la vez que la mayor parte de pueblos han perdido habitantes, los más pequeños a marchas forzadas. Esta tendencia es francamente negativa para el medio ambiente por dos motivos. Por un lado, por los mayores requerimientos energéticos y de materiales que exige la población que vive en grandes núcleos urbanos. Por otro lado, por el abandono del medio rural y de sus actividades económicas y medios de vida tradicionales, lo que implica un empobrecimiento patrimonial de casi imposible recuperación. Ahora que por todas partes se habla de sostenibilidad, de avanzar hacia estilos de vida menos depredadores de recursos naturales, ninguneamos experiencias reales y efectivas, de gran interés en este sentido que hasta hace poco se han dado en sociedades campesinas de nuestro entorno.
Malamente será sostenible un desarrollo que se basa en amontonar a la gente en las ciudades y dejar los pueblos vacíos. Es una locura pretender meter en la ciudad de Albacete 100.000 personas más en los próximos 10 años, sabiendo que eso será a costa de los pueblos de la provincia.
Concretando en nuestra provincia, se produce una absoluta polarización entre un desarrollo poblacional, social y económico de alta velocidad en los municipios más grandes y cabeceras de comarca frente a otro desarrollo raquítico y regresivo en los pueblos más pequeños.
Para intentar frenar este proceso, habría que plantearse medidas urgentes tales como:
a) Incentivos económicos a la población que vive en los pueblos pequeños por el sobrecoste que tienen que soportar para acceder a servicios públicos localizados en las poblaciones mayores (sanidad, educación, servicios sociales), o por no disponer de infraestructuras y servicios (vías y tecnologías de comunicación como la ADSL, transporte público).
b) Incentivos a los trabajadores/as públicos que desempeñan su trabajo en los pueblos para que fijen su residencia en estos. ¿Cuántos profesores, profesionales de la sanidad, de los servicios sociales, de obras públicas,… se desplazan diariamente desde Albacete capital a desempeñar su trabajo en los pueblos?.
c) Establecimiento de una discriminación positiva para que todos los servicios públicos que sea posible se instalen con preferencia en los pueblos más pequeños antes que en los grandes: residencias de mayores y discapacitados, recogida y tratamiento de residuos urbanos, brigadas de mantenimiento de vías de comunicación, servicios sociales,…
4) La urbanización desaforada que ha experimentado nuestra provincia y región es una manifestación más del triunfo de un modelo productivo basado en la especulación financiera y urbanística, cuyos tentáculos han alcanzado no sólo el entorno de las grandes ciudades, sino incluso zonas rurales de especial valor ambiental donde se han construido o pretenden construirse nuevas viviendas o complejos de ocio con técnicas constructivas y requerimientos energéticos y materiales que llevan tras de sí un impacto ambiental irreversible. Hasta ahora (aún todavía) las administraciones autonómica, municipal, las entidades financieras y las empresas inmobiliarias o constructoras han hecho piña común para desarrollar hasta más allá de lo deseable nuevos proyectos de urbanización y construcción.
Este urbanismo apisonador tienen unos claros beneficiarios en términos económicos: no las familias que se embargan de por vida para comprar una casa cada vez a precios más elevados, sino las empresas promotoras de suelo y de viviendas que consiguen las plusvalías de este boom poblacional y especulativo.
5) Organización territorial del Estado. Las Diputaciones Provinciales y las Junta de Castilla-La Mancha no deberían ser financiadoras de municipios a través de subvenciones, sino administraciones colaboradoras que aporten a las competencias municipales solvencia técnica, intercambio de información y economías de escala. Por tanto, los recursos económicos que hasta ahora reciben las Diputaciones y Comunidad Autónoma para financiar las variadas obras y servicios que se ejecutan y prestan en los municipios, deberían llegar directamente a los municipios. Hay que abordar la comarcalización política y administrativa de nuestra tierra y desplazar allí los servicios destinados al medio rural que todavía están concentrados en la capital de provincia o las cabeceras comarcales.
6) El gravísimo y rápido deterioro de los espacios del agua en Castilla-La Mancha, especialmente en Ciudad Real y Albacete, que viene teniendo lugar desde hace casi cuatro décadas, especialmente por la transformación en regadío mediante aguas subterráneas de grandes superficies de cultivo. Es preciso tomar con precaución la relación directa que se establece muchas veces entre regadío y bienestar social, diferenciando las actividades de producción renovables de aquellas otras de simple apropiación y esquilmación de recursos naturales. En la provincia de Albacete dicho deterioro ha tenido lugar en las tres cuencas hidrográficas que alberga (Júcar, Guadiana y Segura), pero especialmente en el Júcar, tanto en los cauces principales de sus ríos como en toda la red de regueros, fuentes, manantiales, arroyos y humedales que nacían en el entorno de los primeros y a donde vertían en última instancia, así como la desaparición de actividades humanas y modos de vida ligados al uso del agua en estos espacios, tales como huertas, infraestructuras de riego tradicionales, semillas y técnicas autóctonas, abrevaderos y otras actividades tradicionales como el aprovechamiento maderero, la ganadería extensiva, la caza, la pesca, la recogida de hongos, etc.
4) La urbanización desaforada que ha experimentado nuestra provincia y región es una manifestación más del triunfo de un modelo productivo basado en la especulación financiera y urbanística, cuyos tentáculos han alcanzado no sólo el entorno de las grandes ciudades, sino incluso zonas rurales de especial valor ambiental donde se han construido o pretenden construirse nuevas viviendas o complejos de ocio con técnicas constructivas y requerimientos energéticos y materiales que llevan tras de sí un impacto ambiental irreversible. Hasta ahora (aún todavía) las administraciones autonómica, municipal, las entidades financieras y las empresas inmobiliarias o constructoras han hecho piña común para desarrollar hasta más allá de lo deseable nuevos proyectos de urbanización y construcción.
Este urbanismo apisonador tienen unos claros beneficiarios en términos económicos: no las familias que se embargan de por vida para comprar una casa cada vez a precios más elevados, sino las empresas promotoras de suelo y de viviendas que consiguen las plusvalías de este boom poblacional y especulativo.
5) Organización territorial del Estado. Las Diputaciones Provinciales y las Junta de Castilla-La Mancha no deberían ser financiadoras de municipios a través de subvenciones, sino administraciones colaboradoras que aporten a las competencias municipales solvencia técnica, intercambio de información y economías de escala. Por tanto, los recursos económicos que hasta ahora reciben las Diputaciones y Comunidad Autónoma para financiar las variadas obras y servicios que se ejecutan y prestan en los municipios, deberían llegar directamente a los municipios. Hay que abordar la comarcalización política y administrativa de nuestra tierra y desplazar allí los servicios destinados al medio rural que todavía están concentrados en la capital de provincia o las cabeceras comarcales.
6) El gravísimo y rápido deterioro de los espacios del agua en Castilla-La Mancha, especialmente en Ciudad Real y Albacete, que viene teniendo lugar desde hace casi cuatro décadas, especialmente por la transformación en regadío mediante aguas subterráneas de grandes superficies de cultivo. Es preciso tomar con precaución la relación directa que se establece muchas veces entre regadío y bienestar social, diferenciando las actividades de producción renovables de aquellas otras de simple apropiación y esquilmación de recursos naturales. En la provincia de Albacete dicho deterioro ha tenido lugar en las tres cuencas hidrográficas que alberga (Júcar, Guadiana y Segura), pero especialmente en el Júcar, tanto en los cauces principales de sus ríos como en toda la red de regueros, fuentes, manantiales, arroyos y humedales que nacían en el entorno de los primeros y a donde vertían en última instancia, así como la desaparición de actividades humanas y modos de vida ligados al uso del agua en estos espacios, tales como huertas, infraestructuras de riego tradicionales, semillas y técnicas autóctonas, abrevaderos y otras actividades tradicionales como el aprovechamiento maderero, la ganadería extensiva, la caza, la pesca, la recogida de hongos, etc.
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