El pasado lunes, 20 de octubre, la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (JCRMO) y el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Castilla-La Mancha, organizaron una jornada con el título “El modelo Mancha Oriental en la gestión de las aguas subterráneas. Avances y retos”. En las mismas participaron investigadores y representantes de diferentes administraciones, asociaciones y colectivos. Conjuntamente, la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM) y Ecologistas en Acción (EeA) de Albacete presentamos una comunicación (ver aquí el texto, ver aquí la presentación).Nuestra denuncia y reivindicación principal era poner sobre la mesa el estado de deterioro y abandono que sufren la mayor parte de los espacios del agua de la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel como consecuencia del proceso de sobreexplotación del acuífero de La Mancha Oriental desde principio de la década de los 70 del siglo XX hasta la actualidad, así como de la gestión salvaje de los embalses de Alarcón y Contreras. Y ello acontece sin que las administraciones públicas con competencias en materia de agua, medio ambiente, urbanismo y agricultura hayan hecho nada por evitarlo, más bien al contrario, con sus políticas han favorecido la destrucción.
Un tema fundamental que se puso de manifiesto tiene que ver con la Instrucción Técnica de Planificación (ver aquí el texto de la misma), recientemente aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de establecer los criterios técnicos para la homogeneización y sistematización de los trabajos de elaboración de los planes hidrológicos de cuenca que deben revisarse en los próximos meses. La definición 55 dice textualmente “Recursos disponibles de agua subterránea: valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
Es decir, las aguas subterráneas disponibles para ser utilizadas serán aquellas cuyo bombeo de los acuíferos no pongan en peligro el buen estado ecológico de las aguas superficiales y ecosistemas terrestres asociados. Dicho de otra manera, la prioridad absoluta, previa a cualquier uso (agricultura de regadío, industrial) es la recuperación de los espacios naturales que en los últimos años han sufrido un gravísimo daño: el cauce de los ríos Júcar y Cabriel, y toda la red de manantiales, fuentes y regueros que nacen a diferentes cotas topográficas en los valles de ambos ríos, y que en su mayor parte se han secado como consecuencia del brutal descenso de los niveles piezométricos del acuífero.
Y después de lo escuchado por boca de los representantes de la JCRMO y de la Confederación Hidrográfica del Júcar el pasado lunes, como mucho, se aspira a que el nuevo Plan Hidrológico del Júcar estabilice el acuífero, es decir, no sigan disminuyendo los niveles piezométricos y en el mejor de los casos se frene la desconexión entre el acuífero y el río Júcar. Para ello se habla de que las extracciones del acuífero se igualen a su recarga, por lo que los niveles no subirán, renunciando a la recuperación de los espacios del agua que tejen un entramado de vida desde las cotas más altas de los valles (próximas a la llanura) hasta los mismos cauces. ¿Y qué razón dan para ello? Los costes desproporcionados que supondría alcanzar este objetivo de mejora ambiental. Y nos preguntamos, si la Directiva Marco del Agua afirma que “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”, ¿por qué desde los organismos encargados de la gestión del agua se refieren a los costes si no estamos hablando de transacciones comerciales sino de restricciones de obligado cumplimiento?.
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