LA FIEBRE DE LAS REBAJAS FISCALES

Tradicionalmente, no había nada mejor para definir la ideología de un partido político que fijarse en sus propuestas o políticas ciertas sobre cómo llevar a cabo la recaudación impositiva por un lado, y en la forma de materializarla posteriormente en gasto público.
Los partidos de izquierdas apostaban por sistemas fiscales progresivos (que gravan con mayores tipos impositivos a los contribuyentes de más altos niveles de renta y/o patrimonio), así como de políticas sociales y redistributivas hacia los/as ciudadanos/as más desfavorecidos. En el otro lado, los partidos de derechas se caracterizaban por propugnar un mayor liberalismo económico y sistemas fiscales regresivos, dando más cancha a los impuestos indirectos que al gravar a todos los contribuyentes por igual, suponen un esfuerzo mucho mayor para quienes tienen un menor nivel de renta.
Pues bien, eso era antes. Ahora vivimos los tiempos de “la fiebre de las rebajas fiscales”, que en el caso de España ha llevado a que las políticas aplicadas por varias Comunidades Autónomas de distinto signo político, las del actual partido en el Gobierno de España, además de las del principal partido de la oposición, sigan apuntando a desmantelar el sistema fiscal progresivo de este país, fruto del consenso de la Transición política.
Al final, ante la proximidad de las elecciones, y lo ajustado de los resultados que estiman las encuestas, los partidos intentan plantear medidas para conseguir apoyos ciudadanos en ámbitos sociales que no son precisamente los que les han apoyado tradicionalmente. Así, el PP plantea medidas que beneficiarían a clases medias y bajas, mientras el PSOE hace anuncios y/o aplica políticas a favor de las clases altas.
Veamos algunos ejemplos:
a) El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado con efectos 1-1-2008 la casi total supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que pagan fundamentalmente los contribuyentes poseedores de grandes fortunas en el momento de su transmisión como herencia o donación. Ello va a suponer una reducción de ingresos fiscales a la región de 50 millones de euros/año. En las Cortes de Castilla-La Mancha, durante el debate de esta propuesta, el Gobierno regional justificó esta supresión alegando que ello va a redundar en un mayor crecimiento económico (lo cual es dudoso, pues mientras el dinero recaudado por la administración se materializa en su totalidad en gasto público, el ahorrado por las rentas altas puede que se materialice en consumo de bienes de lujo o se ahorre). El titular de prensa era que “Castilla-La Mancha ofrece uno de los tratamientos fiscales más favorables”, a lo que habría que añadir para no faltar a la verdad “para los contribuyentes más ricos”. Pues el Impuesto de Sucesiones y Donaciones era progresivo, es decir, pagaban más que proporcionalmente aquellos contribuyentes que recibían un mayor valor de herencia o donación.
b) Respecto al Gobierno de España, el PSOE ha prometido que eliminará el impuesto sobre el patrimonio si gana las elecciones. Una propuesta neoliberal que favorece claramente a los más ricos, que son los que lógicamente tienen patrimonio suficiente como para pagar por este impuesto. Como apunta el profesor Juan Torres López en su página web (http://www.juantorreslopez.com/), desde el Gobierno esta propuesta se ha justificado con argumentos inconsistentes. Se ha dicho que el impuesto sobre el patrimonio, que pagan un millón de contribuyentes, se ha convertido en un tributo que "recae sobre las clases medias" pero "no sobre las más altas" que "encuentran fáciles mecanismos de elusión" (La noticia en el diario Cinco Días, aquí).
- En primer lugar, no es un impuesto que recae sobre las clases medias. Según la última Memoria de la Administración Tributaria española que elabora el Ministerio de Economía y Hacienda, la mayoría de los contribuyentes “de clases medias” tributa muy poco en comparación con los de “clases altas”: “Los declarantes con patrimonios netos inferiores a 400.000 euros, el 72,1 por ciento del número total de contribuyentes (…), aportaron tan sólo el 24,8 por ciento de la base liquidable total del ejercicio”. “En el extremo contrario de la distribución, se observa que los contribuyentes con patrimonios netos superiores a un millón de euros, el 6,5 por ciento de los declarantes de esta partida, absorbieron el 41,6 por ciento del importe total de la base liquidable”.
- El segundo argumento es casi peor que este primero: ¿cómo se puede decir que elimina el impuesto porque las clases altas lo eluden?. Si los ricos eluden el pago de impuestos justos, lo que debería hacer un gobierno no es eliminar los impuestos sino corregir la situación, combatir los fraudes y conseguir que haya justicia fiscal.
c) El PP, en precampaña electoral, también ha anunciado una gran reforma fiscal, cuya propuesta estrella ha sido que todos los trabajadores y pensionistas que hoy ganan 16.000 euros al año o menos, no pagarán el Impuesto sobre la Renta.
En resumen, los gobiernos autonómicos y el de España se han cargado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y amenazan hacer lo mismo con el Impuesto de Patrimonio, dos figuras impositivas que vienen del consenso democrático de la transición. A su vez, anuncian con devaluar hasta el extremo el IRPF o el gravamen sobre las rentas del capital (las rentas que perciben fundamentalmente los contribuyentes más ricos). Nuestros gobiernos autonómicos y nacional entienden que les sobran recursos fiscales porque todas las necesidades en cuanto a infraestructuras y servicios públicos están adecuadamente cubiertas, así como, evidentemente, la financiación de los Ayuntamientos. Pondremos algunos ejemplos en sentido contrario:
- Todavía no hay universalización ni gratuidad en los servicios de guarderías (escolarización de 0 a 3 años), y ello si que ayudaría a la igualdad real entre hombres y mujeres, entre mundo rural y mundo urbano, así como a fomentar la natalidad.
- Las infraestructuras de transporte, y lo más importante, las líneas regulares de viajeros intracomarcales e intraprovinciales son absolutamente insuficientes, cuando no inexistentes, contribuyendo a fomentar el éxodo de la población de los pequeños pueblos a las cabeceras de comarca y a la capital. ¿Quién va a querer vivir en un pueblo o aldea del que difícilmente se puede entrar o salir por medios diferentes al automóvil privado?.
- Mientras tanto, se privatizan o externalizan servicios públicos sanitarios, educativos, sociales, planes de pensiones privados, etc. Claro, ¿con qué dinero los queremos pagar si renunciamos alegremente a una recaudación impositiva progresiva?.
Como apunta claramente el manifiesto de ATTAC-España (http://www.attac.es/portalattac/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=1), las rebajas sistemáticas de impuestos directos progresivos, como empezó a hacer en su día el Gobierno del PP y ha continuado el Gobierno del PSOE, no constituyen un beneficio para la ciudadanía, sino que en realidad implican un claro retroceso en la garantía de prestación de servicios públicos esenciales y de las infraestructuras públicas de las que nos beneficiamos todas y todos.
Si el Estado no dispone de ingresos suficientes no puede proveer y garantizar a los ciudadanos/as unos servicios públicos de calidad (educativos, sanitarios, pensiones, servicios sociales, redes viarias, transportes colectivos, de promoción cultural). El deterioro o desmantelamiento intencionado de los servicios públicos, que lleva a su descrédito ante la ciudadanía, es el principal argumento que emplean en la actualidad muchos gobiernos para privatizar servicios esenciales, de manera que los ciudadanos con el dinero en el bolsillo (como dice Rajoy), evidentemente aquellos que lo tengan, se busquen la vida por su cuenta para así abrir todavía más brecha social entre la minoría que puede acceder a caros servicios privados de calidad y la mayoría que debe contentarse con lo que hay.
NOTA: La media de la presión fiscal en la Europa de los 15 (los países europeos con mayores coberturas sociales) es 5 puntos superior a la de España. Además estos mismos países conceden en sus presupuestos gran importancia al gasto social: la media del gasto social en estos países es 6 puntos superior a la española, y así han podido desarrollar políticas de bienestar más satisfactorias.