DEFENDIENDO NUESTRAS CAJAS RURALES LOCALES: POR NUESTRA TIERRA Y NUESTRA GENTE (III)

Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales de Mota del Cuervo, Villamalea y Casas Ibáñez

La integración de nuestras pequeñas cajas rurales locales con otra de mayor tamaño y diferente ámbito territorial supondría su desvinculación del territorio que las vio nacer y el inicio de un proceso de expansión territorial de alto riesgo financiero.

Caja Rural de Castilla-La Mancha está llevando a cabo un ambicioso y “peligroso” Plan de Expansión, en unos momentos en que la tendencia general dentro del sector financiero es la del cierre de oficinas. En concreto ha creado 29 agencias con el formato de franquicias, además de haber abierto 10 nuevas oficinas en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, en todo caso fuera de su territorio natural de implantación (las provincias de Toledo y Guadalajara). La experiencia reciente nos enseña que todas las entidades financieras que se han embarcado en agresivos procesos de expansión territorial han acabado mal o muy mal.

En esta línea, tanto Caja Rural de Castilla-La Mancha como Globalcaja están conformándose ya como las continuadoras del papel que hasta hace poco representaba Caja Castilla-La Mancha en el concierto financiero y político regional. Ambas entidades están asumiendo una serie de operaciones de alto riesgo asociadas a la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCLM), de Ayuntamientos de grandes ciudades, de ciertos colegios oficiales, de empresas de la Comunidad de Madrid, de oficinas de farmacia, de empresas prestadoras de servicios sociales,…con un nexo común: sus problemas financieros están relacionados con los impagos de la JCCLM. Esta precariedad financiera de la administración regional tiene visos de convertirse en permanente, y por lo tanto podría hacer pasar gravísimas dificultades a toda la cadena de agentes y entidades financieras implicadas. En todos estos casos, las grandes cajas rurales de la región están desligándose del territorio rural y sus gentes que las vieron nacer y desarrollarse, asumiendo operaciones con elevados riesgos (ejemplo: calificación de bono basura que tiene la deuda pública de la JCCLM), lo que implica un círculo vicioso que empeora la solvencia por la mayor ponderación que tienen dichos activos a la hora de determinar la ratio de solvencia.

Hace un año (8-6-2011), un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete ya alertaban de la desvinculación territorial afirmando que “Por su parte, las cajas rurales, de las que había provinciales y locales, están embarcadas en un proceso de fusión y conversión en cajas rurales de ámbito regional. Así se produce un alejamiento del territorio y de los pueblos que las forjaron hace casi medio siglo, porque las decisiones sobre su gestión se centralizarán, se reducirán los cauces de participación directa de sus socios en la vida de la entidad, y poderes políticos y económicos buscarán la forma de utilizarlas en beneficio particular” (http://gregoriolopezsanz.blogspot.com.es/2011/06/cajas-rurales-locales-financiacion.html).

La integración de las 4 entidades reforzaría la solvencia y liquidez del SIP que se creara gracias a que las ratios de las 3 entidades locales en esta materia son mejores que los de la Caja Rural de Castilla-La Mancha. Pero ello será a costa de un fuerte empeoramiento de las ratios individuales de cada caja rural local, que con un peso de apenas el 15% en el SIP se verán arrastrados a la baja por el peso hegemónico de la entidad central. La ratio de solvencia (core capital o Tier 1 = capital+reservas/activos ponderados por el riesgo) de Caja Rural de Castilla-La Mancha ronda el 15%, mientras que el de las 3 cajas rurales locales es sustancialmente mejor (alrededor del 22% de media), por lo que tras la constitución del SIP la nueva ratio de solvencia conjunta bajará para las cajas rurales locales por debajo del 20% (el 16% aproximadamente). Es decir, en este caso, la excelente salud financiera de las entidades adheridas permite aumentar la ratio de solvencia de la entidad central, a costa de empeorar el de las primeras.

Lo anterior (la mejora de las ratios que va a experimentar la entidad resultante del SIP) va a permitir que Caja Rural de Castilla-La Mancha siga adelante con su peligrosa y arriesgada política de expansión territorial y de inversiones (concesión de préstamos en sectores ajenos a la agricultura, la ganadería, las familias y las PYMES del ámbito rural). En estos tiempos, más que nunca, se impone la prudencia, evitando entrar en nuevos negocios de muy discutible rentabilidad social, que más pronto que tarde podrían requerir rescates públicos (de los que cada vez tenemos más ejemplos). Si la entidad central se va al traste, las cajas rurales locales serían arrastradas, ya que unen su porvenir al de Caja Rural de Castilla-La Mancha. Si nuestras cajas rurales locales no tienen necesidad de integrarse, ¿por qué tanto empeño en ello?.

Hemos solicitado en diversas ocasiones a los consejos rectores información relativa a los costes operativos de las entidades en la actualidad y cuáles serían los resultantes con posterioridad a la hipotética constitución del SIP. Siendo la reducción de los costes operativos el objetivo principal de la constitución del SIP, no puede tomarse una decisión al respecto sin un estudio sereno y pormenorizado de los mismos. A pesar de ser ésta una petición de información reiterada que hemos hecho desde el inicio de este proceso, a estas alturas aún sigue sin ser atendida. Pudiéramos llevarnos la sorpresa de que unos mayores costes de servicios generales de la Entidad Central se repercutieran a las Entidades Adheridas vía SIP. Insistimos, no se ha proporcionado información alguna sobre estos extremos para poder tomar una decisión al respecto. Por ello, esta Plataforma ha elaborado dicha información basándose en datos oficiales de la UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), y nuestros temores se han visto confirmados.

Las conclusiones no pueden ser más claras. Las ratios de número de socios por trabajador, número de tarjetas de crédito por trabajador, créditos concedidos por trabajador, costes que soporta cada socio por trabajador y el % que suponen los costes de personal respecto a los préstamos concedidos son escandalosamente más altos en la Caja Rural de Castilla-La Mancha, y lo serían también en el SIP, respecto a los que ahora soportan las 3 cajas rurales locales.

En el ámbito estatutario de nuestras cajas rurales (que son locales) nuestro tamaño no puede decirse que sea pequeño sino todo lo contrario. Es cierto que somos entidades pequeñas en el plano nacional pero como solo operamos a nivel local nuestro tamaño es bastante relevante si nos comparamos con el resto de entidades que existen en cada uno de nuestros municipios.

En lo que toca al poder de decisión, la integración a través del SIP supondría un absoluto vaciamiento de las competencias de las Asambleas y los Consejos Rectores de las entidades adheridas, por lo que la participación de los/as socios/as de estas pequeñas entidades carecería de sentido. Se establece en el Contrato de Integración que los elementos fundamentales de la vertebración del Grupo serán: una instancia central de Gobierno (la entidad central), una integración financiera (mutualización de solvencia, liquidez, tesorería y resultados del 100%) y una integración funcional (de política financiera, de operativa y de negocio). Y se estipula que se hará con respeto a la personalidad jurídica y al ámbito territorial de cada entidad. Pues bien, todo esto es “querer y no poder”. Es decir, las entidades adheridas serán las encargadas de aplicar en su ámbito territorial las políticas que les vengan impuestas desde la entidad central, a la que estarán absolutamente ligadas mediante una relación de total dependencia. El mantener la marca y ámbito territorial natural de las entidades adheridas es algo testimonial y de imagen, porque lo importante, la política financiera, vendrá dictada desde la entidad central. Los 3 Consejeros de las entidades adheridas no tendrán ninguna capacidad de veto para evitar decisiones contrarias a los intereses de sus entidades.

(Continuará)

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