En apenas unos días se van a celebrar elecciones al Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Mantengo buenas relaciones personales con los dos candidatos que concurren. Vaya por delante mi reconocimiento a la actividad de gestión de los asuntos comunitarios que han desarrollado tanto ellos como otros/as muchos/as compañeros/as en nuestra Universidad.
Dicho esto, quiero exponer públicamente mi contrariedad por la firma de ciertos convenios de colaboración entre la UCLM y determinadas empresas privadas que, lejos de aportar al bienestar general, sólo buscan mejorar su imagen corporativa para continuar aumentando sus beneficios privados a costa del deterioro ambiental y social de ciertos territorios castellano-manchegos. Ambos candidatos a Rector, por sus responsabilidades de gestión en nuestra Universidad desde hace al menos 8 años, han promovido dichos convenios. Es por ello por lo que les pido que reflexionen al respecto y, en su caso, que denuncien los convenios actualmente en vigor así como que no firmen otros de naturaleza similar en el futuro.
Uno de estos casos es el del Banco
de Santander y su intrusión exclusiva en los campus universitarios de
muchas universidades públicas españolas. Dicho banco ha establecido en los
últimos años vínculos cada vez más estrechos con la UCLM a través de la firma
de convenios generales y específicos de colaboración. Estos vínculos, de manera
resumida, han consistido en que el mencionado banco pone la pasta y la UCLM le
abre las puertas de par en par para el desembarco preferente de sus diferentes
líneas de negocio dirigidas en la comunidad universitaria. (2011. “El timo de
los fondos de pensiones privados. El caso de la Universidad de Castilla-La
Mancha y el Banco de Santander”, ver
aquí).
Dos macroproyectos de gravísimo
impacto ambiental, fuertemente contestados por parte de la ciudadanía y de colectivos
sociales de Castilla-La Mancha, y hoy afortunadamente aparcados gracias a las
movilizaciones populares, también contaron con el apoyo explícito de la UCLM a
través de sendos convenios de colaboración con las empresas promotoras en los
años 2017 y 2013. Me refiero al proyecto de minería de tierras raras
propuesto por la empresa Quantum Minería en el Campo de Montiel y al cementerio
nuclear proyectado por la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (ENRESA) en
Villar de Cañas (Cuenca) (2017. “Las tierras raras, el cementerio nuclear y
la Universidad de Castilla-La Mancha” ver
aquí).
El último de estos atropellos se
produjo el pasado 21 de octubre de 2020 cuando se firmó un convenio de
colaboración entre la UCLM y la empresa cárnica Incarlopsa, por el que se crea la
Cátedra Innovación Abierta Incarlopsa (ver
aquí). Cito textualmente: “Desde INCARLOPSA, la propia finalidad de la
colaboración se centra en la puesta en valor de las propiedades nutritivas y saludables
de la carne fresca y el jamón curado y su asociación a la marca, así como la comunicación
y transmisión hacia la sociedad de su dimensión de empresa responsable tanto en
la dimensión ambiental referida a sus procesos de producción como su
implicación e importancia socioeconómica en el contexto del panorama
empresarial castellanomanchego”.
En los últimos años, con el apoyo
y visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha y algunos ayuntamientos, están
proliferando en esta región proyectos de macrogranjas industriales de porcino,
promovidas fundamentalmente por grandes grupos empresariales del sector
cárnico, tales como el CEFUSA-Grupo Fuertes (El Pozo), Icpor-Soria (Incarlopsa)
o Grupo Sanchiz. Las macrogranjas de porcino tienen un gran impacto ambiental y
social tanto global como en el territorio donde se ubican: contaminación del
aire, el suelo y el agua por purines, agravamiento del cambio climático por
emisión de gases de efecto invernadero, muy escasa generación de empleo
precario, mayores riesgos para la salud de las personas, externalidades
negativas sobre otras actividades del entorno (ganadería extensiva, productos
agroalimentarios de calidad, turismo,), etc. Este modelo de ganadería industrial
intensiva es absolutamente insostenible ambientalmente, además de incompatible
con el bienestar animal. Seguir profundizando en él supondrá la sentencia de
muerte para comarcas que ya están fuertemente deprimidas, sumidas en una
despoblación galopante.
Claro que las universidades públicas
tienen que establecer lazos de colaboración con empresas, administraciones y
colectivos sociales, faltaba más. No obstante, lo que es bueno para
determinadas empresas, no siempre lo es también para el interés general de las
gentes y el territorio que las acoge. Toca poner límites al poder del dinero.