MACROGRANJAS EN CASTILLA-LA MANCHA: DOS PREGUNTAS PARA EL CONSEJERO

El próximo viernes 4 de mayo de 2018, a las 10,30 horas en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca organiza una conferencia que lleva por título "El sector agroalimentario de CLM dentro de la economía nacional e internacional". La impartirá el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

Seguro que son muchos los temas interesantes que abordará el Consejero, pero ninguno que esté generando tanta preocupación social como el de las macrogranjas de porcino que están intentando proliferar por toda la región. Como no podré estar presente en dicha conferencia, voy a formular por escrito mis preguntas a través de las redes sociales con la confianza de que puedan llegar al Consejero, y si lo tiene a bien manifieste su opinión al respecto.

La primera es una repregunta, por si el Consejero quisiera rectificar o matizar una contestación que dio hace apenas 10 días. El pasado 23 de abril, en Albacete, interpelado por la posición de la Junta de Castilla-La Mancha respecto a las macrogranjas el Consejero afirmó: “la responsabilidad de que se instale una macrogranja en cualquier municipio de la región es del Ayuntamiento en cuestión que es el “órgano sustantivo”. La Administración local recoge el proyecto de la empresa y pide la Declaración de Impacto Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente.  Son los ciudadanos y el alcalde quienes tienen que decidir si quieren una granja de cerdos en su municipio. Es una cuestión que les compete a ellos. El alcalde tendrá que asumir el coste de promocionar una granja o no hacerlo y es una decisión que le compete al Ayuntamiento de manera exclusiva y que en ningún caso es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional hace la Declaración de Impacto Ambiental que es siempre muy exigente[i], imponiéndose unos requisitos al promotor del proyecto”.

Esta respuesta no me sirve. Creo que entra en abierta contradicción con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que en su artículo 31 señala que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias EXCLUSIVAS, entre otras materias, en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, agricultura y ganadería e industrias agroalimentarias y planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Región. Por ejemplo, la Junta no deja que los municipios decidan sobre expedientes de transformación o nuevos derechos para plantación de viñedo, ni sobre incorporación de jóvenes a la agricultura, ni sobre ganadería extensiva o agricultura ecológica, ni sobre subvenciones a empresas productivas. En otros casos, como urbanismo, los municipios proponen, pero la Junta dispone. Entiendo que la Junta debe abandonar esta posición de equidistancia y tomar partido del lado de las preocupaciones de la gente.

Creo que la creciente movilización ciudadana contra las macrogranjas a las puertas de elecciones autonómicas ha llevado a la Junta a “echar balones fuera a la desesperada”. Al actuar así deja el problema de las macrogranjas en una situación de mayor vulnerabilidad aún. Para bien o para mal, los Ayuntamientos serán quienes decidan. Habrá algunos que cuenten con la opinión de la ciudadanía a través de procesos participativos transparentes. Habrá otros donde la Alcaldía tomará la decisión que estime conveniente sin consultar a sus vecinos/as. Lógicamente, los promotores de macrogranjas, buscarán éstos últimos Ayuntamientos para sacar adelante sus negocios sucios. La mayor parte de los Ayuntamientos son muy pequeños, sin medios para desarrollar un proceso con plenas garantías en materia de impacto socioambiental y menos aún para el control estricto de la gestión de residuos y de bienestar animal en el caso de que finalmente salgan adelante dichos proyectos.

Y otra cuestión no menor. Si un proyecto de macrogranja cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, ¿cómo podría un Ayuntamiento evitar la instalación de la misma sin ir contra la ley, es decir, sin prevaricar? Los ayuntamientos deberían justificar que la licencia no se puede otorgar por algún motivo mediante un informe técnico muy bien fundamentado en razones ambientales, sociales o económicas. Es decir, debería confluir la firmeza y valentía de la Alcaldía con la pericia de quienes elaboren los informes técnicos municipales. Y claro, frente a ello, estarían las empresas promotoras de macrogranjas con toda su artillería jurídica para recurrir cualquier acto administrativo contrario a sus intereses. Es decir, con mucha probabilidad se entraría en pleitos prolongados ante los tribunales de incierta resolución. Incluso podríamos encontrar fallos judiciales que obligaran a las maltrechas arcas municipales a indemnizar a empresas promotoras de macrogranjas a las que se les hubiera negado la licencia de obra y actividad de manera contraria a derecho.

En el caso de que fuera posible prohibir macrogranjas vía ordenanzas municipales (tras pasar el filtro administrativo de la correspondiente comisión provincial o regional de urbanismo), una corporación municipal posterior podría modificar dichas ordenanzas para que de nuevo fueran permisivas. Así, el riesgo de esta espada de Damocles siempre estaría ahí, preparada para caer en cuanto la correlación de fuerzas políticas en un ayuntamiento se mostrara proclive. Como la administración autonómica deja la decisión en los municipios, más allá de la emisión de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, se convertiría en una simple espectadora respecto a un asunto de vital transcendencia para el medio ambiente y la salud de las personas en su ámbito de competencias.

Y ya puestos, una segunda pregunta muy concreta. Aprovechando que en el título de la conferencia se relaciona el sector agroalimentario regional con la economía internacional. ¿Existe algún documento o plan elaborado por la Junta de Comunidades, donde se valore el impacto socioambiental acumulativo sobre la tierra, el agua y el mundo rural, de los agronegocios ligados a los mercados internacionales, tales como la agricultura intensiva de secano y regadío, así como de la ganadería industrial que se están promocionando en esta región?

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[i] Es cuestionable que las Declaraciones de Impacto Ambiental sean tan “exigentes”. El hecho de que se necesiten más de 2.000 plazas de cerdos para que sea exigible estudio de impacto ambiental es excesivo. Implícitamente se está considerando que con menos de 2.000 plazas no hay impacto en el medio natural, y eso es muy cuestionable. Por ejemplo, podría darse el caso de muchas granjas de 2.000 plazas en una comarca, que tendrían efectos acumulativos sobre el suelo y las aguas. Antes de la actual Ley de Evaluación Ambiental el límite para tener que someterse a estudio de impacto ambiental era 400 plazas de cerdos, por tanto, la evolución ha sido a cada vez más laxa, no cada vez más exigente.

Por otro lado, la Junta de Castilla-La Mancha está incumpliendo su ley de manera sistemática. Otorga Declaraciones de Impacto Ambiental a proyectos que no cumplen criterios exigidos como la presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio cuando el proyecto está en zona protegida (red natura o zona ZEPA), ni la presentación de plan de abonado cuando el proyecto está en zona vulnerable a la contaminación de aguas subterráneas por nitratos (donde se incluye buena parte del territorio de la región).

Igualmente, en 2012 el Gobierno de Castilla-La Mancha derogó la normativa que regulaba la gestión de los purines de porcino, y hasta ahora no se ha sacado ninguna norma que la sustituya, a pesar de tratarse de una actividad con un elevado potencial de impacto ambiental negativo. 

HE NECESITADO CASI MEDIO SIGLO PARA DESPEJAR ALGUNAS DUDAS

HE NECESITADO CASI MEDIO SIGLO PARA DESPEJAR ALGUNAS DUDAS

 

La rapidez en percibir las verdaderas fuerzas que dan forma a la realidad no es mi fuerte. No obstante, al final termino por tenerlas claras. Bien porque con el tiempo acaban manifestándose de manera diáfana, bien porque mi propia experiencia vital acaba dándose de bruces con ellas. Confieso que esta última manera de aprehender el entorno que nos rodea es mucho más revulsiva y enriquecedora que cualquier otra: “golpe a golpe, verso a verso”.

Para poner mi granito de arena en la tarea común de entender y transformar el mundo he leído, pensado, viajado, conversado y observado. He participado en colectivos sociales, culturales, ecologistas, así como en organizaciones políticas e instituciones públicas. No me arrepiento de haber transitado todas estas sendas. Al contrario, lo he aprendido todo de mi caminar por ellas, conociendo a quienes hoy son mis mejores amigos/as.

De un tiempo a esta parte veo algo de luz. No la cegadora que todo lo ilumina, sino fueguitos galeánicos que apenas me permiten vislumbrar el rostro de quien tengo enfrente, suficiente en todo caso para no temer a la oscuridad, para sentir calor en medio de este páramo desabrigado.

Me he percatado de las serias limitaciones de la vía institucional para superar este sistema capitalista que se muere a rajas, y que en su agonía arrastra al colapso a la mayor parte de las personas y criaturas del mundo. No dudo que en algunos casos el activismo social y político permite suavizar aquellos rasgos más agresivos del propio sistema pero, sin restar importancia a ello, hasta ahora se ha manifestado absolutamente incapaz de desactivar e invertir las estructuras que alimentan la patológica desigualdad social, la violencia estructural y el brutal deterioro ambiental de nuestro mundo. La globalización capitalista es el triunfo del todo-mercado, y exigirle compasión es lo mismo que pedir peras al olmo.

Creo que hay que

- seguir denunciando públicamente las injusticias y desatinos de este sistema que muere matando, sin gastar demasiadas energías, incluso con sentido del humor e ironía, aunque sólo sea para evitar que las piedras espontáneamente hablen por nosotros/as,

- seguir intentando tener presencia en ámbitos de representación y decisión política institucional, principalmente en el marco de los municipios, para hacer más amable este final de etapa y la consiguiente transición ecosocial que se nos viene encima, en ningún caso para gestionar lo que hay ni para insuflar oxígeno al sistema, sino para adelantar su desmontaje ordenado.

No obstante estas inercias del activismo social y político occidental propio de los dos últimos siglos, sobre las que insisto que no deposito apenas esperanzas transformadoras sino en todo caso paliativas, pienso que dos son las vías de acción preferentes e inaplazables, que van a tener mucho más recorrido en un futuro inmediato, a pesar de que su tránsito pueda encontrarse plagado de vacíos, dudas y obstáculos.

La primera es la resistencia y la movilización en defensa del territorio donde vivimos. De sus aguas, suelos y aires, que en última instancia nos permiten la vida digna. Es cierto que desequilibrios globales como el cambio climático están trastocando todo, pero si localmente luchamos por evitar procesos de contaminación y agotamiento de recursos en nuestro ámbito, el postcolapso puede que sea más esperanzador. Sin olvidar nunca que la contaminación más peligrosa y contagiosa es el individualismo y la competencia.

La segunda es la construcción de espacios autogestionarios, libertarios, pacifistas y antipatriarcales, pegados a los territorios, para afrontar y resolver comunitariamente las necesidades básicas de personas y colectivos. Y ello aunque todavía el capitalismo, a su modo, pueda ofrecer de manera mercantilizada y parcial la satisfacción de algunas de estas necesidades.

Se trata de dos opciones propias de sociedades en transición a un estilo de vida cooperativo, menos complejo y depredador de recursos naturales, que identifican que el colapso ya está aquí, en forma de desigualdades sociales aberrantes, de guerras y violencias por doquier y de destrucción masiva de múltiples formas de diversidad biológica, cultural y comunitaria.

La “vía” que diría Morin es salir de esta megamáquina mumfordiana desbocada que es el capitalismo, que avanza haciendo jirones a cuerpos y almas. No sabemos dónde tendrá su final, ni lo que arrastrará el tsunami de su caída, pero sí podemos decidir cuándo comenzar a desacoplarnos individual o colectivamente para construir nuevas formas de relacionarnos con la vida.

CUANDO GOBERNAR ES FRENAR: LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA DE CASTILLA-LA MANCHA DESBOCADAS

Cada día los boletines oficiales de las provincias de Castilla-La Mancha publican anuncios de tramitaciones de nuevas concesiones de aguas subterráneas en todas sus cuencas hidrográficas. La transformación de cultivos leñosos en regadío (viña, almendros, pistachos, olivos) y las macrogranjas (porcino fundamentalmente, pero también avícolas), son los proyectos que se llevan la palma en cuanto a la finalidad de dichas concesiones.
 

En los últimos meses el goteo de nuevos proyectos es incesante, como nunca antes se había visto. Imposible de abarcar y estudiar en su totalidad por las organizaciones ecologistas, casi las únicas que están formulando alegaciones a los mismos. Estas burbujas que especulan con la tierra y el agua están inflándose a marchas forzadas, igual que en su día ocurrió con el urbanismo y el ladrillo. Y olvidamos que el final de las burbujas es siempre el mismo, explotar, y que las consecuencias las sufran principalmente quienes en nada se beneficiaron de su auge: la gente normal y corriente.

Corresponde a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente resolver sobre estos proyectos en cuanto a impacto ambiental y ordenación agraria, y a las correspondientes Confederaciones Hidrográficas sobre nuevas concesiones de agua. Salvo excepciones, casi siempre como consecuencia de la presión ciudadana, estas solicitudes se resuelven favorablemente, dando una vuelta más de tuerca a nuestros frágiles ecosistemas al borde del colapso.

Esta es la planificación territorial de nuestras administraciones públicas: convertir Castilla-La Mancha en un vertedero y un desierto. Multitud de actividades de alto impacto ambiental que se autorizan una a una, de manera independiente, sin una adecuada evaluación ambiental integrada que permita valorar el efecto acumulativo de esos proyectos individuales sobre el agua, el suelo y la atmósfera, tanto en el propio territorio como a escala global. Cuando una parte de la ciudadanía y los pueblos más afectados claman por frenar y pensar antes de que sea demasiado tarde, los gobiernos de todos los niveles (salvo dignas excepciones de algunos ayuntamientos), se dirigen a toda máquina contra el acantilado.

Recuerdo unas declaraciones del Ministro de Industria del segundo gobierno Zapatero (2008-2011), Miguel Sebastián. En una entrevista de 2013, cuando preguntaron a Sebastián porqué el gobierno del que él formaba parte no desactivó la burbuja inmobiliaria que crecía fuera de control en España, respondió que eso era como “quitar el ponche y la música en medio de la fiesta”. Efectivamente, esa es la tarea de los gobiernos, frenar dinámicas explosivas. Como no se hizo en su momento, la crisis de la economía española fue la más intensa de la Unión Europea tras la de Grecia, dejando sin empleo a casi 6 millones de personas, desplegando políticas de recortes sociales salvajes como nunca antes se habían conocido, dejando en riesgo de pobreza y exclusión a casi un tercio de la población, sumiendo en la precariedad a millones de personas a pesar de tener un empleo, expulsando de este país a más de un millón de jóvenes.

Gobernar no es dejarse llevar por las inercias de grupos de presión más o menos explícitos, que sólo buscan de los gobiernos políticas que favorezcan sus intereses particulares. Gobernar es decidir qué hacemos hoy para que mañana estemos mejor. Las personas no vivimos del ponche, ni siquiera de los alimentos ni bienes que compramos en el mercado. Vivimos del sol, el agua y la tierra, a partir de las cuales obtenemos todo lo demás.

LA BURBUJA FINANCIERA DE LAS MACROGRANJAS EN CASTILLA-LA MANCHA YA ASOMA LA PATITA

 

La agencia de noticias Reuters, especializada en información financiera, anunciaba el lunes 16 de abril de 2018 que un grupo inversor chino estaría planteándose adquirir Incarlopsa por 1.000 millones de euros. Dicho grupo es Kam Fung Group Company Limited, radicado en Hong-Kong, especializado en el negocio inmobiliario, la construcción, el turismo, la minería y la inversión financiera. En este último ámbito, invierte en activos nacionales y extranjeros, financiando proyectos, fusiones y adquisiciones de empresas.  Como se ve, ninguna relación con el sector cárnico. Tampoco es necesario, como se trata de especular, lo mismo vale para un roto que para un descosido. Donde huela a dinero, allí que meten sus narices.


Incarlopsa (Tarancón, Cuenca) junto al Grupo Fuertes-El Pozo (Alhama de Murcia) son dos de las principales empresas del sector cárnico en España. Ambas, a través de otras empresas filiales (Cefusa en el caso del Grupo Fuertes e Icpor-Soria en el caso de Incarlopsa), están detrás de la pretensión de instalar cientos de macrogranjas de porcino en varias comunidades autónomas, especialmente en Castilla-La Mancha.

En la jerga financiera se utiliza el eufemismo “grupo inversor” en vez de su denominación más propia de “fondo especulativo”. Estos grupos deciden invertir en aquellas actividades de las que esperan una elevada rentabilidad a corto plazo. Normalmente no se trata de inversiones a medio y largo plazo, preocupadas por la imagen y la fortaleza de la empresa que adquieren, sino que buscan su reestructuración para hacerla atractiva a su vez a nuevos inversores especulativos y venderla entera o a trozos nada más que se presente la ocasión, incluso a veces a empresas del propio sector de la adquirida, reduciendo así la competencia, dando lugar a oligopolios. ¿Y si el Grupo Fuertes-El Pozo estuviera detrás de esta operación? Es una simple especulación.

Tras estos años de crisis, todos/as sabemos lo que significa el eufemismo “reestructuración” empresarial: división en diferentes líneas de negocio, externalización de tareas y riesgos, endurecimiento de condiciones laborales, expedientes de regulación de empleo, creación de filiales en paraísos fiscales para reducir el pago de impuestos, etc.

Si hoy un grupo de capital privado chino quiere comprar Incarlopsa (31 millones de euros de beneficios en 2016) y pagar 1.000 millones de euros, es gracias a que Incarlopsa ha conseguido contar con el apoyo legislativo y financiero de diferentes instancias de gobierno a sus planes de rodear sus mataderos de más de un millón de cerdos en macrogranjas intensivas y así asegurar el abastecimiento para su plan de expansión. Es esta fuerte proyección de crecimiento a corto plazo la que ha disparado los deseos de grupos de inversión especulativos por comprar Incarlopsa, y así se cierra el círculo del pelotazo. Veamos.

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2014-2020), con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), está subvencionando con dinero público la instalación de macrogranjas de porcino por toda la región, especialmente en las áreas más despobladas y deprimidas desde el punto de vista económico. Igualmente apoya mediante la orden FOCAL (Fomento de la Calidad Agroalimentaria) a las propias empresas de transformación cárnica. La puesta en funcionamiento de dichas macrogranjas es indispensable para que salgan adelante los planes de expansión de estas empresas, que mejoran sus resultados económicos actuales y previstos, y se convierten en objetivo de grandes grupos de inversión especulativos, para los que la actividad productiva a medio y largo plazo no tiene ningún interés, estando sólo preocupados por materializar plusvalías a la mayor brevedad posible con la reventa de la empresa que acaban de comprar.

Vivimos en un sistema capitalista de libre empresa. Los gobiernos, salvo raras excepciones, no pueden inmiscuirse en las decisiones de los/as propietarios/as de una empresa de venderla al mejor postor. De acuerdo. Pero los gobiernos si tienen la capacidad de dirigir la legislación y los fondos públicos para ayudar a empresas y sectores anclados al territorio contra viento y marea, respetuosos con la conservación de la naturaleza y con el trabajo decente de las personas, elementos que en última instancia permiten prosperar a nuestros pueblos y comarcas.

En resumen, hay que ponerse en guardia cuando un gran fondo de inversión especulativo pone sus ojos en un territorio. La reciente crisis financiera ha demostrado que las verdaderas armas de destrucción masiva no estaban en Afganistán, Irak ni ningún otro país arrasado por esta causa. Hoy, las verdaderas armas de destrucción masiva son financieras, y les dejamos moverse a sus anchas por todo el mundo.

LAS MACROGRANJAS: EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA VUELVE A EQUIVOCARSE DE BANDO

A veces, los gobiernos son el problema. En vez de cuidar y abrir alamedas para personas libres, conducen a callejones sin futuro. Sólo por favorecer a corto plazo los beneficios de grandes empresas. Desde el sector financiero hasta la agroindustria, pasando por pelotazos urbanísticos y la privatización de servicios públicos.

No hay otra opción. La gente y los pueblos tienen que movilizarse para defender lo público y lo comunitario. La historia reciente de Castilla-La Mancha está salpicada de estas luchas sociales, que no han estado lideradas por partidos políticos, sindicatos u organizaciones agrarias. Han surgido de la preocupación y la toma de conciencia de la ciudadanía.

Las personas mayores salieron a la calle contra el intento de cerrar las urgencias nocturnas de determinados centros de salud en el ámbito rural. Las mareas verde y blanca denunciaron (y en ello siguen) los recortes en la educación y la sanidad pública. El colectivo de trabajadores/as interinos/as de la Junta de Comunidades ganó en los tribunales lo que se les arrebató por decreto. Las comarcas objetivo de las tierras raras, del fracking o del cementerio nuclear salieron masivamente a la calle para desterrar esas prácticas de sus campos, que condenaría lo único que tienen: sus cosechas y sus ganados.

Hoy, al amparo de ayudas económicas establecidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha con fondos de la Unión Europea, las macrogranjas de porcino ligadas a grandes empresas del sector cárnico, intentan expandirse por todas las provincias de Castilla-La Mancha. Mucha gente teme fundadamente que los impactos ambientales asociados a estas instalaciones deterioren el aire, el agua y el suelo de sus pueblos. Ante su petición de información y debate transparente en actos públicos, algunos ayuntamientos cierran sus puertas a cal y canto, contribuyendo así a una bella metáfora: la calle y no las instituciones son el lugar privilegiado para impulsar los cambios sociales.

Ante las plataformas contra las macrogranjas de porcino que están proliferando por toda la región, que piden repensar la conveniencia de este tipo de industrias en nuestro medio rural, la administración regional mantiene monolítica su postura a favor de estas instalaciones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha asume los principios del despotismo ilustrado, donde los gobernantes afirman regirse por los intereses del pueblo al tomar sus decisiones, pero no cuentan con éste en aquellos casos donde hay un clamor contrario a sus políticas. El actual gobierno regional actuó al principio, sin complejos, como el principal valedor de la empresa minera que quería explotar las tierras raras del Campo de Montiel. Luego, la presión social le obligó a dar marcha atrás. Ahora, con las macrogranjas, lleva el mismo camino. En vez de actuar rápido de reflejos, y ponerse desde el principio del lado de la gente que defiende su tierra, sigue flirteando con empresas de dudosa responsabilidad social corporativa en lo que toca a su impacto ambiental negativo.

Hay dos cosas peores que tomar decisiones equivocadas. Una, persistir en ellas por creer que no hay mejores alternativas. Dos, no enmendarlas por preferir servir antes a empresas particulares que al interés general.

Aire, agua y suelo, porque no es otra cosa la vida.

¿LEVANTAMOS LA MIRADA? ¿QUÉ FUTURO PARA CASTILLA-LA MANCHA?

 

En las modernas economías de mercado, la planificación cumple un papel más relevante aún que en los sistemas económicos de tipo soviético. Nada se deja al libre juego de la oferta y la demanda. Todo es dirigido por el gran capital transnacional, y los gobiernos, la mayoría de las veces, son simples ejecutores de sus planes.

 

Se nos machaca con la idea de que el desarrollo económico de los territorios pasa por abrir las puertas de par en par y extender la alfombra roja a proyectos respaldados por grandes grupos transnacionales. Proyectos que exigen para sí mismos las mejores condiciones, o lo que es lo mismo, las peores para la mayor parte de la gente (precariedad laboral) y la Naturaleza (deterioro ambiental). Y si no se le ofrecen, buscan otro lugar para invertir y maximizar beneficios. Porque en la globalización siempre puedes encontrar a alguien más empobrecido/a que acepte las condiciones del capital.

En Castilla-La Mancha llevamos décadas en esta dinámica propia de territorios dependientes y al servicio de las ansias de acumulación del capital financiero. Su actual gobierno, así como buena parte de su sociedad civil, no levantan la cabeza para imaginar el futuro desolador que se vislumbra con este modelo de desarrollo, depredador de recursos naturales y alienante para la gente.

Sólo en aquellos casos donde ha habido movilización y protesta social intensa, se han conseguido frenar estas políticas dañinas para la gente y la naturaleza. Y siempre cuando se ha tratado de proyectos “concentrados” en determinados espacios. Es el caso de la oposición a la minería de tierras raras en el Campo de Montiel, al cementerio nuclear de Villar de Cañas y al fracking o fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales.

En cambio, en otros muchos casos, las políticas extractivistas de recursos naturales siguen campando a sus anchas de manera difusa por todo el territorio, contando con el apoyo decidido de las administraciones públicas competentes. Aquí cabe citar el apoyo explícito del Gobierno de Castilla-La Mancha a:

- las macrogranjas de porcino y de otras especies animales, al servicio del lobby de la industria cárnica, que amasa beneficios a costa del maltrato animal y del deterioro ambiental;

- la agricultura intensiva en el uso de fertilizantes, pesticidas y recursos energéticos no renovables tanto en secano como en regadío;

- la sobreexplotación a nuestro cargo de las propias aguas subterráneas y superficiales, que esquilma cauces y manantiales, que no es menor al agua que “nos roban” otras comunidades;

- la industria bélica de producción y adiestramiento en armas para matar a personas inocentes;

- las plataformas logísticas de las nuevas multinacionales de la distribución comercial a través de internet, para las que no existen personas trabajadoras, sino mano de obra de usar y tirar;

- el despoblamiento salvaje de buena parte del territorio castellano-manchego, incentivando las políticas de éxodo rural iniciadas con el desarrollismo de la dictadura, porque ya no interesan personas unidas a la tierra, sino consumidores/as en entornos urbanos, desarraigados/as, a pie de centro comercial.

Sólo conservando el agua y la tierra, haciendo un uso cuidadoso de estos recursos, mañana habrá vida aquí. Al capital que sólo busca maximizar beneficios, esto le da igual. Sólo piensan en el corto plazo, y nada más. A quienes vivimos aquí, y queremos que nuestros/as nietos/as lo sigan haciendo, no debería darnos igual. Sólo la movilización social frena las políticas que no piensan en la gente ni en la vida.

En una tierra viva, las organizaciones comunitarias y/o políticas pueden luchar contra la precariedad laboral, el desempleo, la desigualdad aberrante, las diferentes formas de violencia, el patriarcado, la corrupción, la dictadura de los mercados, la democracia de cartón-piedra, la producción de alimentos,… En una tierra envenenada y moribunda sólo hay un horizonte: el de la emigración.

CASTILLA-LA MANCHA SAQUEADA: LA SEQUÍA DE LA RAZÓN

El título de estas notas es una adaptación de “Extremadura saqueada. Recursos naturales y autonomía regional”, libro coordinado por los maestros José Manuel Naredo, Juan Serna y Mario Gaviria en el año 1978, en plena transición política.

El mismo dibujaba el marco de sometimiento y extractivismo consustancial al capitalismo, que a pesar de estar disfrazado con la “máscara de la democracia, es jerárquico y autoritario y continúa imponiendo coercitivamente sus relaciones de dominación y sus agresiones contra la naturaleza y los individuos”.

En Castilla-La Mancha se han reproducido en las últimas décadas los mismos esquemas de expolio que se señalaban en el caso extremeño, además de otros propios de los tiempos modernos, ligados a la maduración de su autogobierno. La mayor parte del interior peninsular ha jugado el papel de suministrador de energía, materiales, tierra y agua que devoran las grandes ciudades y polos industriales de Madrid y toda la costa mediterránea.

Centrales nucleares, cementerios de residuos radioactivos, embalses que roban el agua, sobreexplotación de acuíferos para robárnosla a nosotros/as mismos/as, expulsión de población rural, fuga de capitales de grandes empresas y fortunas, agricultura intensiva que esquilma suelos y pueblos, macrogranjas porcinas que envenenan la tierra, vertederos de residuos mil, minerías viejas del carbón, minerías raras para tecnologías que nos desconectan de todo, fracking, concentración de la propiedad de la tierra, urbanismo especulativo, autovías y aeropuertos a ninguna parte, industria de la guerra, plataformas logísticas certificadoras de precarización laboral, fincas, escopetas, señoritos, casinos y burdeles.

Naredo advertía en el Epílogo del libro contra “la ilusión de que la situación actual podría modificarse mediante un simple cambio en la cúspide política (…) si el Estado no es un ente neutral ello no se debe sólo a que sea el instrumento de una determinada clase social, sino también a que por su propia naturaleza su organización burocrática, jerárquica y centralizada no puede más que reproducir relaciones de dominación sobre individuos y territorios cualesquiera que sean los que la controlen”

El próximo lunes 5 de febrero, a las 20 horas, organizado por la buena gente de Ecologistas en Acción de Albacete, Cipriano Escribano y yo reflexionaremos sobre cómo este modelo depredador y desertificador se manifiesta en la gestión de las aguas de la provincia de Albacete.

La sequía de la razón es aún más dañina que la de las precipitaciones. Esta última acaba curándose con lluvia o con austeridad bien entendida (sí, claro, hay una austeridad y simplicidad justa y necesaria). En cambio, la primera es el caldo de cultivo para el despliegue de la racionalidad economicista y tecno optimista, incapaz de entender y cuidar las vidas, incompatible con ellas.